La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP, manifiesta su preocupación y desacuerdo ante la revelación reciente de la intención de expedir decretos reglamentarios por parte del Ministerio de Trabajo para modificar algunos aspectos de la regulación laboral en Colombia, que por su naturaleza deberían ser tramitados en el Congreso.

Consideramos que esta iniciativa del ejecutivo, mediante proyectos de decreto que modificarían sustancialmente el Código Sustantivo del Trabajo, va en contravía del ejercicio democrático y correspondería en esencia a una subrogación del Congreso, ya que busca imponer cambios y adiciones a la legislación que deberían surgir por trámite legislativo. Es de resaltar que algunos de los puntos incluidos en los borradores de los decretos revelados ya se habían debatido y socializado, y consecuentemente eliminado y modificado, por parte de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, en sus debates sobre el proyecto de Reforma Laboral.

Tal cómo lo han manifestado Observatorios Laborales de la academia y reconocidos expertos en derecho laboral, algunos de los cambios incluidos en el decreto, tales como los relacionados a la negociación colectiva unificada, la huelga en las entidades de servicios públicos esenciales (específicamente prohibida en la Constitución y en el Código Sustantivo del Trabajo) y los límites y requisitos relacionados con la tercerización laboral, sólo podrían ser tramitados en el Congreso, asegurando un proceso democrático, transparente y participativo. Como están planteados y tal cómo ya ha sido advertido por varios actores, los decretos serían sin duda sujetos a demandas, conllevando a una gran incertidumbre jurídica que en últimas perjudicará el mercado laboral y al país.

Este accionar no sólo estaría eludiendo la responsabilidad del gobierno en tener en cuenta la voz de todos los sectores involucrados en el mercado laboral, particularmente la de los empresarios, los gremios, y los trabajadores y contratistas independientes de las Mipymes, sino que genera la mala impresión de que por encima de los intereses del país y de sus procesos democráticos, se está buscando el cumplimiento de promesas realizadas a las organizaciones sindicales.

Algunas de las reformas contempladas en estos decretos pueden conllevar grandes impactos negativos a la economía y al empleo en el país, en particular por sus efectos al empleo formal en las Mipymes y hacia los pequeños contratistas independientes. Preocupa que, en lugar de impulsar iniciativas que generen y faciliten el empleo formal, el Gobierno esté abriendo el camino a empeorar los problemas más críticos del mercado laboral colombiano:  la informalidad y el desempleo.

ACRIP hace un llamado al Gobierno nacional para que reconsidere este accionar y mantenga la confianza de los colombianos en sus instituciones, revisando el alcance de lo que sí pueda decretar sin contravenir la Constitución, y respetando el procedimiento democrático que se está dando con el trámite de la reforma laboral en el legislativo. La estabilidad y el desarrollo del mercado laboral en Colombia dependen de decisiones tomadas de manera inclusiva, transparente y democrática.