(Bloomberg) — Un juez colombiano ordenó a Ecopetrol SA y Petróleo Brasileiro SA detener la perforación de un pozo de gas en las aguas caribeñas del país después de que una comunidad indígena buscara protección legal.
La comunidad de la zona de Taganga, cerca de la ciudad de Santa Marta, afirmó que se debió haber solicitado su consentimiento antes de que se permitiera a las empresas iniciar las perforaciones en el pozo Uchuva-2, según una copia del documento publicado el viernes por Caracol Radio. Petrobras es el operador del bloque Tayrona con una participación del 44,4% y Ecopetrol tiene el 55,6% restante.
Se prevé que la empresa colombiana publique un comunicado en el que comente la decisión. Petrobras no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Colombia, que se enfrentará a un déficit de gas natural a principios del próximo año, tiene puestas sus esperanzas en el potencial futuro de sus pozos en aguas profundas. La directora de operaciones offshore de Ecopetrol, Elsa Jaimes, había dicho en una entrevista el mes pasado que la producción en las aguas del Caribe podría comenzar a funcionar tan pronto como en 2029, dependiendo de las aprobaciones de las comunidades locales y la obtención de licencias ambientales.
La decisión del juez de detener la perforación de Uchuva-2, iniciada en junio, no es el único revés que enfrenta Ecopetrol.
El mes pasado, la autoridad de licencias ambientales de Colombia suspendió el proceso para permitir la perforación de un pozo petrolero separado en alta mar que establecería un nuevo récord mundial de perforación. La empresa energética estatal y Occidental Petroleum Corp. han dicho que planean comenzar a operar el pozo Komodo-1 a finales de este año a una profundidad de aproximadamente 3.900 metros.
La sentencia Uchuva-2 también representa otro revés importante para Petrobras en materia de exploración offshore. En Brasil, se le ha impedido perforar en una sección clave del llamado Margen Equatorial debido a preocupaciones ambientales.
