La intensidad, frecuencia e impredecibilidad de los fenómenos climáticos y su impacto, cada vez mayor en todas las regiones del país, persisten como un verdadero desafío para los ciudadanos, gobiernos locales y autoridades nacionales. Hoy, los ojos de los expertos están puestos en el incremento de las lluvias que tiene a varios municipios afectados y a algunos microempresarios de sectores como el agro en alerta.

Las estimaciones que ha hecho el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntan a que ‘La Niña’ se extienda hasta el trimestre enero – marzo de 2025, con una probabilidad de ocurrencia del 60%. Así mismo, como lo ha advertido la ONU, Colombia continúa siendo la tercera nación del mundo que presenta, actualmente, la mayor vulnerabilidad frente al cambio climático (www.wwf.org.co).

Ante este panorama, los microseguros climáticos son una opción accesible y efectiva para proteger las unidades productivas de los microempresarios del campo y la ciudad frente a la materialización de amenazas como, por ejemplo, inundaciones, granizadas, avalanchas, deslizamientos, entre otras, que comprometen su patrimonio, sostenibilidad y, también, el bienestar de sus familias.

Por ello, ante la intensificación de las lluvias que se registra en varias regiones de Colombia y los posibles efectos que este fenómeno pueda traer, existen en el mercado pólizas que ofrecen cobertura frente a estos eventos, dirigidos a microempresarios con actividades agropecuarias como el seguro ‘Mi Inversión Protegida’, de SBS Seguros.

Esta póliza, que puede adquirirse en la Red de Oficinas de Bancamía desde $16.000 mensuales, ofrece cobertura a los negocios del campo como cultivos y pequeños emprendimientos urbanos frente a daños directos y desastres naturales asociados a cambio climático como, por ejemplo, excesos de lluvias y sequías. ‘Mi Inversión Protegida’ cuenta desde 2023 con acceso al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) que subsidia parte del valor de la prima del seguro (lo anterior depende de la disponibilidad de este incentivo).

La vicepresidenta para el Desarrollo Productivo de Clientes de Bancamía, Diana González, manifestó que “poner a disposición de los microempresarios que atendemos este seguro resulta de alta importancia en temporadas de lluvias como la actual, pues no solo se aporta a la protección del patrimonio, sino a lograr unidades productivas más sostenibles y resilientes frente a fenómenos que son cada vez más frecuentes. En Bancamía estamos monitoreando constantemente y acompañamos a los emprendedores, también, con educación y líneas de créditos verdes para poner en marcha, por ejemplo, medidas adaptación al cambio climático”.

La líder agregó que ‘Mi inversión protegida’ cuenta con una cobertura paramétrica al servicio de los microempresarios. Esta consiste en un pago automático que indemniza a los asegurados con cultivos dependiendo del nivel de afectación derivado de lluvias y sequías.

Esta cobertura está soportada en una tecnología satelital que evalúa la severidad de los eventos y procesa las indemnizaciones sin que los asegurados deban asumir extensos papeleos asociados al siniestro. En lo que va de 2024, este producto voluntario ha permitido pagar 3.650 indemnizaciones, en su mayoría, asociadas a afectaciones por excesos de lluvia y sequía.

Apoyo de Bancamía, Finagro y el Minagricultura

Bancamía, las compañías aseguradoras SBS Seguros y Protección Agropecuaria Compañía de Seguros (PROAGRO) y FINAGRO, a través del programa Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, también unieron esfuerzos para subsidiar productos que permitieran a los microempresarios proteger su patrimonio y garantizar su salud financiera.

De acuerdo con datos de Bancamía, en lo que va de 2024 más de 19.400 microempresarios clientes de la entidad han sido beneficiados sin costo con el acceso a este seguro agropecuario. Esto ha permitido cubrir inversiones mayores a $41.000 millones en unidades productivas que combinan el desarrollo de actividades agropecuarias y rurales, distribuidas en 802 municipios de 30 departamentos del país. El monto en indemnizaciones entre abril y septiembre supera ya los $3.700 millones, recursos que generan un impacto tangible en las vidas y negocios de miles de productores que se han visto afectados por eventos climáticos como exceso de lluvia y sequía.