Un grupo de exministros y exviceministros de salud lanzaron fuertes cuestionamientos al decreto 0858 con el cual el gobierno de Gustavo Petro pretende hacer la reforma a la salud que no ha logrado que se la aprueben en el Congreso.
En un comunicado señalan que con el decreto el gobierno sustituye pilares del sistema de salud sin pasar por el Congreso y contraría el principio de división de poderes y omite el debate democrático.
Indican que dicha norma debilita el aseguramiento individual, altera el rol de las EPS y traslada responsabilidades a entidades territoriales sin suficiente capacidad, todo ello sin estudios técnicos, fiscales, ni plazos viables.
Además, sostienen que la salida a la crisis exige diálogo, evidencia técnica y responsabilidad institucuonal, por lo que exhortan al gobierno y al Congreso a retomar un camino democrático, con estudios actuariales, análisis de impacto y participación experta e independiente. “La salud de millones no puede decidirse por imposición ideológica”.
De acuerdo con el comunicado la expedición del mencionado decreto que adopta el «Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo» como política de salud, “materializa la preocupación que hemos expresado frente al profundo deterioro en el acceso a los servicios de salud que afronta la población colombiana. Después de tres años de intensa discusión sobre un proyecto de reforma legislativa en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional ha optado por emitir un decreto que, en la práctica, pasa por encima de la institucionalidad democrática y de la división de poderes”.
Esta acción no permite una opinión ni un debate democrático real, forzando la implementación de una reforma con la que amplios sectores del país no están de acuerdo. Este decreto, descrito por algunos observadores como una «colcha de retazos», intenta ser la reglamentación de leyes vigentes, pero establece un nuevo sistema de salud, generando así francas contradicciones con la normativa actual. El riesgo de su aplicación, según estos análisis, podría llevar a un colapso similar al del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
“Consideramos que el decreto no es el instrumento jurídico para implementar los profundos cambios que contiene en sus contenidos y, por consiguiente, invitamos al Consejo de Estado a establecer medidas cautelares para impedir los cambios propuestos, hasta tanto no haya un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad del instrumento jurídico”, reza el comunicado.
Indican que este decreto lejos de representar una solución estructural a la crisis del sistema de salud colombiano abre un nuevo capítulo de incertidumbre institucional, operativa y financiera. No muestra una respuesta clara a las necesidades de los usuarios y pacientes, ni a las expectativas de la sociedad civil. Entre la afiliación y la adscripción, produce desorden. La libertad de elección se ve amenazada, el acceso puede restringirse por fragmentación de la red y la calidad corre el riesgo de deteriorarse por una estatización improvisada. La paradoja de exigir a las EPS que contraten con redes que no pueden configurar, o de pedir a los CAPS asumir funciones estratégicas sin lineamientos definidos ni capacidades establecidas, muestra un modelo que trastoca los equilibrios básicos sin ofrecer garantías de sostenibilidad ni continuidad.
Manifiestan que la ejecución normativa del decreto revela un intento de reforma de facto, sin respaldo legal explícito, ni financiación clara, ni estudio técnico transparente. Al debilitar la figura del aseguramiento individual, desdibujar el papel de las EPS y trasladar funciones clave a entes territoriales sin capacidad probada, conduce al riesgo de romper la columna vertebral del modelo actual sin haber construido una alternativa funcional.
El decreto parece ignorar las advertencias sobre la urgencia de fortalecer la gestión del riesgo, garantizar la suficiencia de la UPC y mantener una rectoría técnica sólida. No se presentan estudios de impacto fiscal ni territorial, ni se respalda la transformación propuesta con tiempos razonables, capacidades institucionales ni mecanismos de evaluación. En su lugar, se delegan funciones críticas a estructuras que aún no existen y se imponen plazos irrealistas para redefinir actores, redes y formas de atención, en un contexto de desconfianza y deterioro del sistema.
En suma, afirman, “el Decreto 0858 no constituye una salida a la crisis, sino una imposición unilateral que profundiza la incertidumbre. Sin anclaje técnico, ni diálogo democrático real, ni consenso social amplio, el país se encamina hacia una transformación de alto riesgo, más ideológica que técnica, que puede comprometer el acceso, la calidad y la equidad en la atención en salud para millones de colombianos”.
