(Anif).- Uno de los principales retos estructurales de la economía colombiana es su elevado nivel de informalidad laboral: cerca de seis de cada diez trabajadores se desempeñan en actividades informales. Tal condición refleja las rigideces y segmentaciones del mercado laboral y tiene múltiples implicaciones adversas. Por un lado, limita el acceso de los trabajadores al sistema de seguridad social. Por otro, dificulta la vinculación con el sistema financiero formal, dada la falta de historial crediticio, promoviendo una mayor dependencia del efectivo, el financiamiento informal y reduciendo el uso de medios de pago digitales.
En este sentido, aunque el país ha avanzado en promover la inclusión financiera y la digitalización de pagos en respuesta a las necesidades del mercado colombiano, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público está a punto de expedir un decreto que podría retroceder la agenda de innovación financiera.
La medida busca unificar la tarifa de retención en la fuente del impuesto de renta del 1,5% aplicada a los pagos realizados por la venta de bienes o la prestación de servicios, que ya existen con tarjetas de crédito y débito, junto con los pagos electrónicos de bajo valor; eso incluye medios exentos como los códigos QR, tarjetas digitales y transferencias entre depósitos de bajo monto, incluidos bi lleteras digitales como Nequi o Daviplata para los responsables del impuesto al valor agregado (IVA). Sin embargo, estos mecanismos representan la principal puerta de acceso al sistema financiero para segmentos de la población con ba rreras, ya que facilitan transferencias, pagos y giros de manera segura, eficiente y en muchos casos sin costo.
La medida representa un traspié para la reciente implementación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de bajo valor desarrollado por el Banco de la República. Esta infraestructura pública, orientada a promover la interoperabilidad entre bancos, billeteras digitales y otros actores, busca acelerar la transición hacia una economía más digital e integrada. Lejos de equilibrar las condiciones entre los pagos electrónicos y el uso de tarjetas, el decreto introduce obstáculos que pueden ralentizar la adopción de plataformas como Bre-B y perpetuar la preferencia por el efectivo. Este tipo de ajustes regulatorios resultan especialmente costoso para el éxito de la infraestructura de pagos, pues debilita la confianza de los usuarios y envía una señal contraria a los esfuerzos de formalización y digitalización del sistema financiero.
En este contexto, la discusión sobre cómo nivelar el terreno de juego debería centrarse no en aumentar las tarifas de retención, como plantea el Gobierno, sino en eliminar las existentes. De acuerdo con nuestras estimaciones, derivadas de un estudio en conjunto con Colombia Fintech, la exención de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta para pagos efectuados mediante tarjetas de crédito y débito para personas naturales tendría un impacto fiscal inicial limitado (Gráfico 1). Debe tenerse en cuenta que, como pago anticipado de un impuesto, la retención tiene un impacto en el flujo de caja y en menor cuantía, en el recaudo. En particular, si se eliminaran las retenciones, para 2026 se proyecta una reducción transitoria en el recaudo nacional de $5.621,5 millones, explicado por los pequeños negocios que no declaran renta. No obstante, a partir de 2028, el efecto neto se tornaría positivo, derivado de un mayor dinamismo en ventas y, por consiguiente, mayor formalización económica a medida que más unidades productivas se integran de manera permanente al sistema tributario. Hasta el 2034, calculamos que esa medida generaría un balance fiscal acumulado favorable de $223.469,9 millones (a precios constantes de 2025).
En consecuencia, el Gobierno prefiere sacrificar avances en términos de inclusión financiera en un intento por enfrentar las necesidades fiscales inmediatas. Sin duda, una decisión desacertada. Ante este escenario, promover la digitalización de los pagos y ampliar la cobertura financiera se mantiene como un objetivo estratégico para aumentar la productividad y avanzar hacia una economía más formal, eficiente y trazable. Con el decreto que está en desarrollo, el Gobierno pone los incentivos en el lugar equivocado.
