En una clara muestra de politiquería y de pretender ganar las elecciones de 2026, el presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo para 2026 del 23,7%, el más alto en la historia del país, con lo cual, la remuneraciín será de $1.746.882 y el auxilio de transporte, de $253.118 para redondear los $2.000.000.
Este regalo del primer mandatario, de cara a las elecciones del próximo año, está por encima de lo que pedían las centrales obreras que, desde un comienzo, buscaban un incremento de dos dígitos, pero no tan alto como el que les ofreció Petro.
Desde diversos sectores se había advertido de las consecuencias que tendría un aumento tan alto en aspectos como la informalidad laboral, el desempleo, la inflación y las tasas de interés, entre otros aspectos.
Así mismo, Petro advirtió a los empresarios y les dijo que no permitirá que las empresas trasladen el mayor costo laboral a los precios finales al consumidor, un mensaje que de acuerdo con una nota de Valora Analitik configura una amenaza de control de precios en el país.
Uno de los primeros gremios en pronunciarse fue Fenalco, que a través de un comunicado ratificó lo dicho desde el comienzo, al decidir no participar en la Mesa de Concertación Salarial, y es que el Gobierno Nacional confirmó que nunca existió una discusión técnica real, ni una voluntad genuina de concertación. “El anuncio de un incremento del salario mínimo en 23% demuestra que la decisión fue anticipada, unilateral y abiertamente populista. La Mesa fue una farsa y una burla institucional para el sector productivo del país”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente del Gremio de los comerciantes.
“Lo que se presentó en Colombia no fue un acuerdo tripartito, sino una puesta en escena, en la cual desde el inicio se sabía que no se tendrían en cuenta las variables técnicas, económicas ni de productividad, y que la decisión ya estaba tomada”, agregó el dirigente Gremial.
Fenalco rechazó de manera categórica una decisión que considera irresponsable, desproporcionada y contraria a la realidad económica del país, más aún cuando el propio Gobierno ha decretado una Emergencia Económica. La contradicción es insostenible. No se puede declarar una crisis excepcional y, al mismo tiempo, imponer un aumento del 23%, que golpea directamente al empleo formal y asfixia al sector productivo.
El gremio alertó que este incremento carece de sustento técnico y resulta especialmente grave en una economía altamente indexada al salario mínimo, donde una amplia gama de bienes, servicios, tarifas y contratos ajustan automáticamente sus precios con base en este indicador.
El impacto sobre las empresas será devastador, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 97 % del tejido empresarial colombiano. De acuerdo con la estimación de costos laborales proyectados para 2026, con un aumento del 23%, un empleador deberá asumir aproximadamente 3.000.000 de pesos mensuales por trabajador en obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales.
El gremio también advirtió sobre las consecuencias macroeconómicas de la medida. El incremento del salario mínimo presionará el gasto público al elevar la nómina estatal y limitará el margen del Banco de la República para reducir las tasas de interés, afectando la inversión, el crédito y el crecimiento económico.
“Este golpe, sumado a los mayores costos derivados de la reforma laboral, pone en jaque la supervivencia de miles de empresas. Muchas no resistirán esta combinación de decisiones y el resultado será inevitable; menos empleo, más informalidad y el cierre de empresas en todo el país”, concluyó Cabal Sanclemente.
Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en su cuenta de X también reaccionó y señaló que las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población gran aprobación, cuando en realidad se trata de decisiones insostenibles, o inconvenientes desde el punto de vista del beneficio de toda la sociedad. Hay medidas populistas que buscan perpetuar partidos o personas en el poder, que pagan siempre los más vulnerable
Quién no va a pensar en que es bueno que haya más familias que reciban más ingresos? La pregunta es si la sociedad tiene como asumir el costo que una decisión de esta naturaleza implica.
La decisión sobre salario que acaba de tomar el Gobierno Nacional impactará la inflación, no como dice el presidente como un ejercicio de lucha de clases, sino afectando profundamente la capacidad de compra de los hogares más pobres, siempre que hay inflación son los más afectados. Digámoslo con claridad, La inflación que está desatandola el Gobierno ira en contra de los más vulnerables.
Aunque el gobierno lo quiera negar, afectará la capacidad de generar empleo, de las pequeñas y micro empresas que con seguridad van a asumir un golpe inmenso, aumentará la informalidad, bajará la competitividad, aumentará fuertemente la presión sobre la tasa de interés.
Con el fin de mostrarse generoso, con recursos que no pagará ninguno de los miembros del gobierno, y que sí pagarán las mipymes, las empresas medianas y las empresas formales, este sin duda uno de los mayores actos de populismo de la historia de Colombia.
Con el aumento del salario mínimo se viene una serie de alzas para los colombianos en general, y particularmente para quienes devengan el mínimo, como es el caso de Incremento en las cotizaciones de salud y pensión; ajuste en las cuotas moderadoras para afiliados con ingresos bajos y alzas en citas médicas especializadas privadas; aumento en las cuotas de administración debido al alza en los costos de servicios de vigilancia y aseo; ajuste en matrículas de colegios, universidades, posgrados y programas de formación complementaria; multas de tránsito; costo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, entre otros.
