Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse, advirtió la presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez.
De acuerdo con la dirigente se debe diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país.
Medidas como estas, afectan directamente a parte del sector empresarial que genera más de 3 millones de empleos formales. Por ello, “solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones, revisar este tema con la mayor premura posible y suspender el Decreto 173”.
Este choque fiscal genera tres impactos inmediatos en las empresas: 1. Asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo, afectando la operación diaria, 2. Incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagarle a la DIAN, y 3. Es un freno en seco a la inversión que tanto necesita el país.
Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías y terminarían algunas pagando impuestos a pesar de tener pérdidas económicas en un año. La presión es imposible de asumir.
Además, se vulneran los principios de equidad y progresividad (art. 363 CP). “Imponer una tarifa del 1,6% —más del triple de la general— a sectores financieros y extractivo, castiga la inversión, que hoy es el componente más débil de nuestro PIB”.
La seguridad económica y la confianza inversionista en el país agonizan. En 2025, el déficit primario fue del 3,5% del PIB y para 2026 el CARF estima un faltante de $32,1 billones. Estos decretos son como poner un parche en un hueco fiscal que el mismo Gobierno ha generado.
La Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. En este caso, esa justificación no se ha demostrado. Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la «crisis climática» para cubrir un faltante de $16,3 billones, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público que hoy supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia. No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad.
Con el primer pago del 50% venciendo el 1 de abril, las empresas tienen menos de 10 días para conseguir liquidez. Esto las obliga a elegir entre un endeudamiento excesivamente costoso o sacrificar la inversión y el empleo.
La creación de nuevos tributos por vías excepcionales resulta aún más preocupante cuando coincide con un crecimiento acelerado del gasto público. El gasto de funcionamiento —incluida la nómina y la contratación—, así como el gasto primario, han venido aumentando de forma sostenida, sin que eso se traduzca en mejores resultados. Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas.
Por todo lo anterior, “solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión urgente de estas medidas para evitar perjuicios irremediables. Se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía. Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, concluyó.
