El país necesita una jurisdicción agraria en la que sean los jueces de la república los que tomen las decisiones y no una entidad del Ejecutivo como lo pretende el gobierno nacional en el proyecto de ley de jurisdicción agraria.
Así lo planteó la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), a través de un comunicado en el que señala que desde el sector agropecuario le hacen un llamado al Congreso de la República para que se proteja el debido proceso y las garantías judiciales que hoy tienen todos los ciudadanos.
Recuerda que el Acuerdo de Paz estableció la obligación de crear una jurisdicción agraria, y el decreto ley 902 de 2017, en desarrollo de ese Acuerdo, le dio a los jueces la competencia para decidir sobre ocho procesos agrarios.
Desafortunadamente, el gobierno presentó un proyecto de ley con el que busca quitarles garantías a los ciudadanos y a los jueces las competencias de decidir sobre procesos agrarios. “Es muy preocupante que el Gobierno Nacional, que dice defender el Acuerdo de Paz, intente crear una justicia rural en la que le quita las competencias a los jueces de la república para dárselas a una entidad del mismo gobierno”, señala la SAC.
La propuesta del gobierno, reflejada en el artículo 9 del texto para segundo debate de este proyecto de ley, también desconoce la postura clara y reiterada de cuatro sentencias de la Corte Constitucional que han validado la fase judicial de los procesos agrarios, es decir, que sea un juez quien decida todos estos trámites.
Sentencia C-077 del 2018: la Corte hizo la revisión integral del Decreto Ley 902 de 2017, definió que el diseño de la fase administrativa y judicial del procedimiento único es constitucional.
Sentencia SU-288 de 2022 sobre baldíos, en donde reiteró la necesidad de que se creara la jurisdicción agraria para que resolviera la fase judicial del procedimiento único del decreto ley 902 de 2017.
Sentencia C-340 de 2025, donde la Corte declaró la constitucionalidad de la ley estatutaria de la jurisdicción agraria.
Sentencia C-099 de 2026, en donde la Corte negó la pretensión del director de la Agencia Nacional de Tierras de eliminar la fase judicial de los procesos agrarios y reiteró que esta etapa del procedimiento único debe ser resuelta por los jueces.
Así mismo, advierte, el gobierno ignora el Auto 534 de 2026 de la Corte Constitucional. Este suspendió varios artículos del Decreto Legislativo 0174 de 2026, emitido por el gobierno en el marco de la emergencia económica que le permitía a la Agencia Nacional de Tierras decidir, eliminando las garantías judiciales de los ciudadanos, los procesos agrarios de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio en varios departamentos.
La jurisdicción agraria no puede construtirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos. Las decisiones sobre la tierra deben seguir en manos de jueces independientes y no de entidades del Ejecutivo. La justicia rural es con los jueces de la república.
