La carrera presidencial de 2026 en Colombia comienza a perfilar sus implicaciones económicas con mayor nitidez. Un informe de la firma de inteligencia Sectorial evaluó el impacto potencial de las propuestas de los principales aspirantes sobre nueve sectores estratégicos, en un contexto en el que aún no existen planes de gobierno plenamente estructurados. El estudio identifica riesgos fiscales persistentes y diferencias marcadas en la orientación sectorial de cada candidatura.
El análisis, basado en entrevistas, declaraciones públicas y revisión de contenidos programáticos, construye una “matriz de impacto sectorial” que clasifica los efectos esperados mediante un sistema de semáforo: positivo, neutro o negativo. La evaluación abarca sectores como agropecuario, industria, comercio, construcción, servicios financieros, salud, educación, turismo y extracción energética.
En el grupo de candidatos que lideran las encuestas —Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo— los patrones son diferenciados. Mientras las propuestas de corte liberal y promercado muestran una mayor afinidad con sectores productivos como industria y construcción, las agendas más orientadas a intervención estatal priorizan el agro y la educación.
El caso de Iván Cepeda ilustra esta lógica. Su propuesta de “Revolución Agraria” proyecta impactos positivos en el sector rural, sustentados en inversión en infraestructura y fortalecimiento de bienes públicos:
Agropecuario (Positivo): su propuesta de ‘Revolución Agraria’ contempla inversión en infraestructura rural —agua, energía y vías— y protección al productor frente a monopolios e importaciones. La inversión en bienes públicos y la seguridad jurídica sobre la tierra son incentivos directos para la productividad y la reducción de la pobreza rural.
Servicios Financieros (Negativo): se anticipa que mantendría la línea del gobierno Petro, con medidas como el Decreto de Inversión Obligatoria y sobretasas tributarias al sector, distorsionando los mercados de crédito y reduciendo la rentabilidad financiera.
Salud (Negativo): la centralización en el manejo de recursos plantea riesgos operativos y fiscales. Su propuesta elimina el incentivo de gestión de riesgo financiero de los privados y no contempla una solución estructural para la situación financiera del sector.
Educación (Positivo): propone ampliar la gratuidad en educación superior pública. Sectorial valora el fortalecimiento del capital humano, aunque advierte que la viabilidad de las propuestas es baja dado el limitado margen fiscal del Estado.
En contraste, Paloma Valencia presenta el perfil más favorable en términos agregados. Su enfoque de reducción de impuestos al capital, impulso a zonas francas y atracción de inversión tecnológica genera expectativas positivas en industria, comercio y construcción. La reactivación de programas de vivienda subsidiada también aparece como un motor relevante de demanda. Aun así, el estudio identifica limitaciones en sectores como salud y educación, donde las propuestas se concentran en mecanismos de liquidez sin abordar desequilibrios estructurales:
Industria (Positivo): propone eliminar el impuesto al patrimonio y reducir cargas sobre bienes de capital para atraer inversión extranjera. También apuesta por zonas francas y la atracción de empresas de Inteligencia Artificial.
Construcción (Positivo): la reactivación del programa ‘Mi Casa Ya’, con subsidios a cuota inicial y tasa de interés, dinamizaría la demanda de vivienda. Su modelo ‘Casas Semilla’ atendería el déficit habitacional en poblaciones de bajos ingresos.
Salud (Neutro): la titularización de la deuda del sistema proporciona liquidez inmediata, pero no resuelve el desequilibrio estructural entre gasto e ingresos. Su viabilidad depende de la disponibilidad fiscal.
Educación (Neutro): el fortalecimiento de la formación técnica reduce la brecha de capital humano, pero no plantea soluciones a los problemas financieros del sector educativo en un contexto de sobreendeudamiento estatal.
Por su parte, Abelardo de la Espriella exhibe un enfoque mixto. Las iniciativas de estímulo a la infraestructura y reducción de cargas tributarias apuntalan sectores como comercio y construcción. Sin embargo, su estrategia de expansión de la frontera agrícola plantea tensiones con estándares ambientales internacionales:
Comercio (Positivo): la reducción de carga tributaria y la mejora en seguridad física impulsarían el consumo, la inversión en locales y la confianza del sector minorista.
Construcción (Positivo): su apuesta por activar la infraestructura como motor contracíclico generaría empleo masivo. Los proyectos de megacárceles y motorrutas abrirían nichos específicos de contratación pública y privada.
Agropecuario (Negativo): el programa ‘Matemos el Hambre’ incluye la expansión de la frontera agrícola mediante titulación rápida y uso de baldíos. Sectorial advierte que esta expansión es inviable sin revisar normas ambientales globales, esenciales para comercializar en mercados como el europeo.
Sergio Fajardo, en tanto, muestra fortalezas en construcción y educación, con propuestas de inversión en infraestructura hospitalaria y programas de formación. El objetivo de llevar el sector constructor a niveles de entre 3% y 4% del PIB se traduce en un flujo sostenido de proyectos. No obstante, su postura frente al sistema pensional introduce presiones de mediano plazo sobre las finanzas públicas.
Más allá de las diferencias individuales, el estudio identifica tendencias transversales. El sector salud aparece como el más vulnerable en todos los escenarios analizados. El informe releva que ninguna candidatura plantea soluciones integrales al desequilibrio financiero del sistema, y las propuestas se concentran en medidas de corto plazo orientadas a liquidez. Este diagnóstico coincide con una presión creciente sobre el gasto público y la necesidad de reformas estructurales.
Otro elemento común es la restricción fiscal. La limitada capacidad de endeudamiento del Estado y la estrechez del espacio presupuestal condicionan la viabilidad de la mayoría de iniciativas. En este sentido, el informe advierte que muchas propuestas, independientemente de su orientación ideológica, enfrentan desafíos de financiación que podrían afectar su ejecución. “El margen fiscal define el alcance real de cualquier agenda económica”, concluye el análisis.
El sector agropecuario, en particular, refleja la mayor dispersión de resultados. Mientras algunas candidaturas promueven inversión y protección al productor, otras plantean esquemas de expansión que podrían comprometer estándares ambientales y acceso a mercados internacionales. Esta heterogeneidad anticipa un escenario de alta sensibilidad para un sector clave en la seguridad alimentaria y las exportaciones.
En industria, comercio y construcción, las diferencias responden en gran medida al enfoque sobre inversión privada. Las candidaturas que priorizan incentivos tributarios y simplificación regulatoria tienden a mostrar impactos positivos en estos sectores. Por el contrario, propuestas con mayor intervención estatal generan señales mixtas o negativas, especialmente en contextos de incertidumbre regulatoria.
La metodología del informe se limita a evaluar impactos directos por sector, sin considerar efectos cruzados ni realizar un análisis detallado de viabilidad. Aun así, ofrece una aproximación relevante para anticipar cómo las decisiones de política económica podrían redistribuir oportunidades y riesgos en la economía colombiana.
El estudio fue construido a partir de entrevistas, publicaciones en medios y revisión de las páginas web de cada candidato, y emplea un sistema de semáforo — verde (positivo), amarillo (neutro) y rojo (negativo) — para calificar el efecto esperado de cada propuesta sobre sectores como agropecuario, construcción, comercio, industria, turismo, salud, educación, servicios financieros y extracción energética y minería.
De cara a la elección presidencial, la matriz de impacto sectorial introduce un marco de referencia para inversionistas, empresarios y analistas. La evidencia sugiere que el resultado electoral tendrá implicaciones diferenciadas sobre la estructura productiva del país, en un entorno donde la sostenibilidad fiscal y la estabilidad regulatoria serán variables determinantes. El comportamiento de los sectores clave dependerá, en última instancia, de la capacidad del próximo gobierno para traducir propuestas en políticas ejecutables dentro de un espacio fiscal limitado.
