El Ministerio de Agricultura ha expedido, de manera reciente, el Decreto 1222 de 2025 y la Circular 001 que afecta a los productores de los diferentes cultivos que cuentan con fondo parafiscal.
De acuerdo con el presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez Marulanda, la implementación de dichas normas ha obligado al sector a replantear aspectos fundamentales de su organización.
“Si bien este Congreso es el primero en el que las elecciones del Comité Directivo de los Fondos se realizan bajo el nuevo esquema, persiste un reto crítico pues las condiciones actuales desincentivan la participación de los productores, especialmente de los más pequeños, al exigirles la renuncia a los beneficios derivados de la inversión los fondos parafiscales. Esta situación contradice los principios mismos de la parafiscalidad, que consiste en promover un esquema de financiación con destinación específica y beneficio colectivo. En este sentido, condicionar el acceso a los beneficios parafiscales, desnaturaliza su propósito”, afirmó el directivo.
Así mismo, las disposiciones de dicha circular han implicado cambios profundos en el modelo de acompañamiento a los palmicultores. Esto puede haber sido un efecto no anticipado por el Ministerio al momento del diseño de las normativas, ya que no todos los gremios operan bajo el mismo esquema, indicó.
Sin embargo, al trasladar el régimen de inhabilidades de funcionarios públicos a la parafiscalidad, asumiendo que quienes hacen parte de los órganos de dirección tienen esa condición, crea una contradicción y afecta el modelo de núcleos. Por definición, los miembros de las máximas instancias de la Federación deben ser palmicultores y deben ser aportantes de la cuota de fomento, por eso resulta absurdo que no puedan recibir directa ni indirectamente los beneficios de la parafiscalidad, señaló Pérez Marulanda.
De hecho, dijo, esto ya está teniendo efectos reales, como es el caso de Agromira, una asociación de pequeños productores de Tumaco con 25 años de trayectoria. Desde 2023 la asociación venía operando un Plan Operativo Anual de Asistencia Técnica cofinanciado por el Fondo de Fomento y un núcleo palmero que debió liquidarse a la luz de las restricciones impuestas. Además, se vieron obligados a perder espacios clave de representación de pequeños productores, como su participación en la Junta Directiva de la Corporación APSColombia.
Normas pensadas para fortalecer el control no pueden terminar debilitando modelos que han sido clave para la transferencia de conocimiento, la formalización y la sostenibilidad del sector. Por ello, “insistimos en la urgencia de revisar y aclarar estas contradicciones”.
Defendiendo la solidez del esquema palmero, pero reconociendo la necesidad de adaptarse y mejorar, la Federación ajustó su modelo de operación, con lo que se estima generará ahorros cercanos a $12 mil millones en 2026, recursos que se traducirán en una mayor capacidad de inversión futura para el sector desde el Fondo de Fomento.
“En paralelo, este año realizamos por primera vez siete Comités Regionales Palmeros, con una activa participación de más de 480 palmicultores, en un ejercicio participativo que permitió priorizar las necesidades de cada zona palmera y ajustar los lineamientos de inversión que serán sometidos a consideración de este Congreso para orientar el uso de los recursos en 2027 y 2028”.
Agromira
Por su parte, Julio Sevillano, dirigente de Agromira, manifestó que “hemos podido avanzar a nivel agronómico, a nivel comercial, con la producción sostenible. No obstante, es un hecho que nos atañe a todos y es estar muy atentos en la asistencia técnica y con ello veníamos dos años consecutivos y vamos a un tercer año consecutivo para asistir técnicamente a nuestros 110 productores con 700 hectáreas, con recursos de apoyo del Fondo de Fomento Palmero, los recursos parafiscales, apoyo de un aliado comercial, Salamanca Oleginosa, que estaba muy atento a poder invertir y poder nosotros generar una asistencia técnica integral. Lastimosamente, en el mes de enero obtuvimos una noticia y es que, a raíz de la aplicación de una resolución que limitó a nuestro aliado por ser parte de la Junta Directiva de CENIPALMA, se suspendió porque no podía firmar con nosotros para que atendiéramos los productores porque cayó una inhabilidad y esa inhabilidad tenía consecuencias hasta penales”.
En ese sentido, señaló, “vemos con cierta sorpresa y asombro esta forma de aplicar esta normatividad, ya que afectó a nuestro normal desarrollo de asistencia técnica que nos permitía ser más productivo, más rentable y más sostenible”.
En el marco del convenio eran 110 productores que se quedaron sin poder ser atendidos a través de este servicio especializado como ya estaba asegurado su financiación, pero lastimosamente esto ocasionó la suspensión de este convenio.
Aunque Fedepalma respondió inmediatamente ante esa situación y a través de esta etapa de transición, todo lo que es el segundo semestre del 2026, están estudiando cómo afrontar el 2027 y lo que han hecho es ofertar unas capacitaciones pero colectivas.
La asistencia anterior era personalizada, finca a finca, productor a productor, donde se identifican las brechas y las acciones de mejora para ser cada día más competitivo y rentable. Lo que hoy se está haciendo es tratar de direccionar a la población para que atendamos esta forma y es eventos colectivos, grupales, días de campo, no obstante pues no es suficiente. “No podemos comparar un servicio personalizado finca a finca que un evento de transferencia de conocimiento en un tema grupal”.
Renovación de contratos
Otro de los temas sobre los cuales el presidente de Fedepalma llamó la atención fue la renovación de la administración de los fondos parafiscales palmeros, tanto el de fomento como el de estabilización de precios.
La renovación de estos contratos, concretada en diciembre de 2025, marcó un hito para el sector y la parafiscalidad agropecuaria, gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este logro garantiza la continuidad de las iniciativas priorizadas por los productores, la estabilidad institucional y la planeación de largo plazo, al tiempo que ratifica la confianza del Estado en la gestión de Fedepalma.
Con una vigencia de diez años, estos contratos se convierten en un referente al incorporar estándares robustos de control y supervisión, fortaleciendo su papel como herramienta eficaz de seguimiento, transparencia y gestión de los recursos de los palmicultores. “Somos una parafiscalidad que prioriza lo colectivo, le apuesta de forma decidida y única a la investigación y prioriza la transferencia de conocimiento a los productores. No es casualidad que la Contraloría General de la República haya reconocido en su reciente informe este modelo como un referente nacional por su eficiencia, su recaudo y su liderazgo en inversión en investigación”.
