La Contraloría General de la República practicó Auditoría Financiera a los estados financieros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), así como a la información presupuestal de la entidad para la vigencia 2025.
Se evaluaron los estados financieros, la gestión y ejecución del presupuesto asignado con corte a 31 de diciembre de 2025, así como las políticas públicas de discapacidad, postconflicto, marcador para la paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto, desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales.
En relación con la ejecución presupuestal, para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con una apropiación total vigente de $4.436.480.318.562. Los compromisos ascendieron a $4.341.502.333.045, equivalentes al 97,85% del total del gasto, mientras que las obligaciones alcanzaron $2.234.527.164.750, correspondientes al 50,36% del total.
Como resultado del análisis y evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, la cual alcanzó aproximadamente el 50% del presupuesto asignado para la vigencia, generando rezagos de aproximadamente $2 billones. A pesar de las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución e impulsar los compromisos misionales, dichas acciones no fueron suficientes para materializar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados, afectando el cumplimiento de las metas institucionales.
Adicionalmente, durante la auditoría se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables, entre las cuales se destaca la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la DIAN en calidad de donaciones. Este concepto dio lugar a 3 hallazgos, de los cuales uno presenta connotación fiscal por $33.009 millones, originado en la ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, la no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público.
Como resultado del proceso auditor se establecieron 23 hallazgos administrativos, 18 con presunta incidencia disciplinaria, uno con incidencia fiscal por $33.009.669.360, uno para apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio, uno con Otra Incidencia, para traslado a la DIAN y dos para solicitud de apertura de Indagación Preliminar.
