El Grupo Keralty (Sanitas) emitió un comunicado rechazando las nuevas acusaciones del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y anunció medidas legales.
De acuerdo con la empresa, en los últimos días de su mandato, Petro ha vuelto a lanzar acusaciones “gravísimas” e infundadas contra Keralty y sus colaboradores, llegando a calificarlos de genocidas. “Estas palabras no solo son falsas: son profundamente injustas con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos”.
Añaden que “durante cuatro años hemos enfrentado un gobierno que eligió el odio, el resentimiento y la división como método de acción política. Un gobierno que mintió y calumnió, que utilizó falsedades para justificar intervenciones arbitrarias, que persiguió a quienes defendíamos el modelo de salud vigente y que, en no pocas ocasiones, cruzó líneas legales e institucionales que luego la justicia le obligó a rectificar. Nada de esto es opinión: las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han ido desmontando una a una las medidas legales adoptadas contra Keralty y EPS Sanitas”.
Igualmente indica que el gobierno saliente quiso destruir un sistema de salud que, con todos sus desafíos, había sido reconocido dentro y fuera del país como una experiencia valiosa de aseguramiento, acceso y cobertura para millones de personas. En su afán de imponer una reforma ideológica, improvisada y carente de soporte técnico, se impulsaron decisiones que deterioraron la prestación de servicios, incrementaron la incertidumbre y el déficit financiero del sistema y pusieron en riesgo la continuidad de la atención. La evidencia y los análisis independientes han señalado que muchas de esas políticas debilitaron, en lugar de fortalecer, la protección en salud de los colombianos.
En ese contexto, Keralty se convirtió en una muralla ética, jurídica e institucional frente a los intentos de destrucción del modelo. «Resistimos presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país. Mientras algunas empresas se rindieron, se retiraron, se ocultaron o incluso colaboraron con decisiones que sabían injustas, nosotros tomamos una decisión consciente: defender la legalidad, los derechos de nuestros usuarios y la dignidad de nuestro equipo, aunque ello implicara asumir costos reputacionales, económicos y personales muy elevados».
Añadió la empresa que no fueron parte del coro del miedo ni del silencio cómplice. «No nos arrodillamos, no negociamos nuestros principios y no nos prestamos para validar un relato que buscaba convertir a quienes cuidamos la salud en enemigos del pueblo. Nuestra resistencia no fue estridente ni violenta: fue la resistencia de los hechos, de las demandas jurídicas, de las tutelas, de los argumentos técnicos y de la defensa paciente, día a día, de cada atención, de cada paciente y de cada familia».
Gracias a esa firmeza, hoy los fallos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han dejado claro que muchas de las decisiones adoptadas contra Keralty y Sanitas violaron el debido proceso y desconocieron obligaciones previas del propio Estado. La devolución de la administración de la EPS, las órdenes de rectificación de declaraciones y el reconocimiento de los perjuicios causados son hitos que confirman que no era esta organización la que estaba al margen de la legalidad. Fueron otros quienes utilizaron el poder público para perseguir, desinformar y asfixiar a un actor clave del sistema, y ahora tendrán que responder ante la justicia colombiana.
Por eso, señalan, “lejos de sentirnos abatidos por las últimas palabras del presidente saliente, las entendemos como lo que son; el grito final de un proyecto que no logró derrotar la institucionalidad, ni quebrar la columna vertebral de quienes defendimos, con serenidad y coraje, un sistema de salud que ha protegido a millones de colombianos. Sin quererlo sus ataques reiterados nos reconocen como el bastión que nunca pudieron doblar, arrodillar ni cooptar».
Keraly ha acudido y seguirá acudiendo a las instancias nacionales e internacionales que sean necesarias para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores. “Confiamos en que los procesos penales, disciplinarios y fiscales en curso clarificarán las responsabilidades de quienes usaron el Estado para perseguir y difamar, y permitirán restablecer plenamente la verdad frente a todos los colombianos».
