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Calor extremo reduce la productividad laboral y golpea con más fuerza a trabajadores informales en Colombia

Por Economista Colombia 5 min de lectura
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El calor extremo dejó de ser una amenaza futura para convertirse en un problema actual de salud, empleo e ingresos. Una investigación desarrollada por el Politécnico Grancolombiano revela que el aumento sostenido de las temperaturas está afectando la capacidad de trabajo de millones de personas, reduciendo la productividad laboral, aumentando los riesgos de accidentes y golpeando con mayor fuerza a quienes trabajan en la informalidad.

El estudio “Impacto del estrés térmico en población trabajadora informal” encontró que, por cada grado de temperatura por encima de los 20 °C, la productividad laboral puede disminuir entre un 2 % y un 3 %, una situación que impacta directamente los ingresos de trabajadores que dependen de su actividad diaria para subsistir, como vendedores ambulantes, recicladores, agricultores, domiciliarios, comerciantes informales y trabajadores de la construcción.

¿Qué encontró la investigación?

Los hallazgos muestran que más de un tercio de la población mundial vive actualmente en regiones donde las altas temperaturas afectan la vida cotidiana, mientras el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa acelerando el calentamiento global.

Según el estudio, el aumento de la temperatura está generando un fenómeno conocido como estrés térmico, una condición que ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura frente al calor, produciendo efectos que van desde deshidratación y agotamiento físico hasta enfermedades cardiovasculares, renales y afectaciones en la salud mental.

“Durante años hablamos del cambio climático como un problema ambiental. Hoy también es un problema laboral y de salud pública. El calor extremo ya está reduciendo la capacidad de trabajo de millones de personas y quienes enfrentan mayores riesgos son los trabajadores informales, que muchas veces no cuentan con acceso a pausas, hidratación, sombra o mecanismos de protección”, afirmó Erik Fabian Rico, docente investigador y líder del Centro de Pensamiento Talento Humano y Organizaciones Saludables del Politécnico Grancolombiano.

La investigación explica que los trabajadores informales son los más afectados porque la exposición al calor suele coincidir con condiciones laborales precarias. Muchos desempeñan actividades en espacios abiertos, como ventas ambulantes, reciclaje, agricultura, construcción, pesca o transporte informal, sin acceso regular a agua potable, zonas de sombra, pausas programadas o elementos de protección.

La investigación también encontró que la exposición a altas temperaturas incrementa significativamente la accidentalidad laboral. Las olas de calor pueden aumentar en un 17 % el riesgo de lesiones en el trabajo y, en determinados climas cálidos, el incremento puede llegar al 26 %. Factores como la fatiga, la deshidratación y la reducción de la concentración afectan la capacidad de respuesta y elevan la posibilidad de cometer errores durante la jornada laboral.

A esta situación se suma que más de la mitad de los trabajadores colombianos se encuentra en la informalidad y que en las zonas rurales esta cifra alcanza el 83,2 %. A diferencia de quienes cuentan con empleo formal, gran parte de esta población carece de cobertura en salud ocupacional, vigilancia de riesgos laborales y mecanismos que les permitan suspender o adaptar su jornada durante episodios de calor extremo, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a enfermedades, accidentes y pérdida de ingresos.

Otro de los hallazgos relevantes de la investigación es que el calor extremo amenaza directamente la cantidad de horas que las personas podrán trabajar en el futuro. Las proyecciones analizadas indican que hacia mediados de siglo algunas regiones del mundo podrían perder entre el 5 % y el 7 % de las horas laborales anuales debido a las altas temperaturas.

En el caso de Colombia, las pérdidas podrían ubicarse entre el 2,55 % y el 3,67 %, dependiendo de los escenarios de calentamiento global. Esto implica una reducción progresiva de la capacidad productiva de sectores altamente expuestos al sol y al trabajo físico, con efectos directos sobre los ingresos de millones de hogares.

Para los trabajadores informales, estas pérdidas representan menos tiempo para producir ingresos y una mayor vulnerabilidad económica en contextos donde cada jornada laboral resulta determinante para el sustento de sus hogares.

Los resultados muestran además que el cambio climático y la informalidad están creando una combinación que profundiza las desigualdades sociales existentes. A nivel mundial, más de 2.100 millones de personas trabajan en condiciones informales, equivalentes al 57,7 % de la fuerza laboral global. En América Latina la informalidad alcanza el 46,7 %.

Entonces, ¿qué debemos hacer?

Frente a este panorama, los investigadores recomiendan fortalecer medidas de adaptación como la instalación de puntos de hidratación, la creación de espacios de sombra, la flexibilización de horarios en momentos de mayor radiación solar, promulgar normas de planificación urbana, promover refrigeración sostenible y estrategias de enfriamiento pasivo, especialmente aquellas que compromete a la naturaleza, como la siembra de árboles y la implementación de políticas públicas orientadas a proteger a las poblaciones trabajadoras más expuestas, además de reforzar los sistemas sanitarios y acelerar la puesta en marcha de los planes de acción para reducir los riesgos del estrés térmico relacionados con la salud.

La investigación destaca que la adaptación climática no solo reduce riesgos para la salud, sino que también genera beneficios económicos. Según la evidencia analizada, cada dólar invertido en medidas de adaptación puede generar retornos de hasta 10,5 dólares en una década, gracias a mejoras en productividad, salud y resiliencia económica.

“Las altas temperaturas están redefiniendo la manera en que trabajamos. Proteger a quienes desarrollan sus actividades bajo exposición constante al calor no es únicamente una medida de salud ocupacional; es una necesidad social, económica y de justicia climática”, concluyó el investigador del Politécnico Grancolombiano.

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