La victoria de Abelardo de la Espriella ha vuelto a poner sobre la mesa cómo serán los próximos cuatro años, después de una jornada electoral tensa y de una altísima polarización. Hay una alta carga de expectativas sobre las promesas de renovación.
No obstante, en el afán de marcar una ruptura con el pasado inmediato, surge un debate sobre los límites racionales del cambio frente a la urgencia de la continuidad institucional. Según los expertos, para que este proceso no se traduzca en incertidumbre social ni en una ruptura del contrato democrático, es imprescindible priorizar aquellas áreas que constituyen los pilares del Estado y del bienestar social, como la educación, el sistema sanitario y el sistema de pensiones.
“Estos cumplen una función estructural dentro del contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Su eficacia depende de la estabilidad y la previsibilidad”, explica Jara Rodríguez Fariñas, profesora titular y directora del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades. “Por esta razón, su diseño y reforma deberían sustentarse en consensos amplios y duraderos, preferiblemente articulados mediante pactos de Estado que trasciendan la lógica de la alternancia partidista”.
Según detalla la experta, para una transición responsable se debe saber distinguir entre políticas coyunturales, susceptibles de cambio, y políticas estructurales, que deben preservarse y reformarse de manera gradual y consensuada. De lo contrario el panorama puede verse inestable, generando desconfianza institucional y una polarización mucho más marcada.
Es un equilibrio delicado. La gestión de las expectativas y la percepción pública dependen directamente de la estrategia de información adoptada por las nuevas autoridades. Si se continúan con los discursos polarizantes que descalifican las gestiones previas (todo lo anterior fue un error pero todo lo nuevo es incuestionable), se debilita la legitimidad social y se fomenta la desafección democrática mediante promesas radicales imposibles de cumplir.
En cambio, si la información es clara y responsable, ayuda a que se reduzca la incertidumbre. Explicar los límites, los porqués y los plazos de las reformas permite que la ciudadanía asimile que la evolución política es un proceso gradual y no un escenario de caos o de refundación total.
“Los equipos técnicos deben operar bajo el principio de que los gobiernos cambian, pero el Estado permanece. Así, áreas como educación, salud, pensiones, seguridad o suministro de servicios básicos se deben gestionar a través de criterios profesionales, no partidistas”, añade la docente de VIU. “Lo ideal es contar con protocolos y planes de continuidad, así las decisiones críticas no se paralizan, los equipos técnicos saben cómo actuar y los servicios no dependen de voluntades individuales”.
Al proveer evaluaciones sistemáticas sobre la efectividad de las políticas y programas vigentes, los equipos técnicos dotan a los mandatarios entrantes de las herramientas necesarias para determinar, de forma informada y técnica, qué procesos requieren continuidad, cuáles necesitan ajustes y cuáles deben ser sustituidos.
Solo mediante la corresponsabilidad y el respeto a las estructuras técnicas del Estado, una nueva administración podrá responder a las demandas de transformación social sin vulnerar la estabilidad y la confianza de sus ciudadanos.
