El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano el pasado 10 de agosto dejó tras de sí un panorama de afectaciones considerables. Ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó reportaron daños estructurales en viviendas, edificaciones, hospitales, vías y aeropuertos, además de un doloroso registro de personas fallecidas y desaparecidas que hoy concentra los esfuerzos de rescate y atención. Cifras preliminares apuntan a un costo económico de $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura1, lo que dejaría como saldo cerca de 1,6% del PIB en pérdidas económicas directas del desastre. El evento abre una discusión álgida sobre cómo financiar la reconstrucción.
Frente a esta emergencia y en el marco de la emergencia económica decretada por el Gobierno, ANIF presentó un conjunto de medidas concretas para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas. Las propuestas buscan movilizar recursos públicos y privados de manera ágil, en un contexto de estrecho margen fiscal, sin recurrir a tributos permanentes ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Revisar recursos de inversión no ejecutados del Presupuesto General 2026. Se propone revisar las apropiaciones de inversión aún no comprometidas, cuyo monto máximo susceptible de revisión asciende a $20,1 billones (excluyendo sectores que requieran redirección de recursos por la tragedia). Específicamente, se plantea dar prioridad a la revisión de este monto en sectores con ejecución presupuestal de inversión inferior al 20%. También, en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación 2027, se propone priorizar las entidades encargadas de la gestión del riesgo y de la atención, búsqueda, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura.
Movilizar recursos disponibles del Sistema General de Regalías (SGR). Teniendo en cuenta cifras a corte de julio de 2026, se propone liberar $3,7 billones en proyectos que no cuentan con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por lo que no respaldan procesos contractuales, así como focalizar hacia proyectos de reconstrucción los $10,1 billones del recaudo del SGR que aún no han sido asignados a proyectos de inversión. Igualmente, se plantea permitir que los municipios afectados aprueben directamente proyectos de atención de la emergencia y reconstrucción de infraestructura, incluso cuando no estén incluidos en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo. Esto siempre y cuando cumplan con criterios de asignación basados en daños y población afectada.
Habilitar líneas de crédito con garantía para microempresarios a través del Fondo Nacional de Garantías (FNG). Con base en la experiencia de la emergencia del Covid-19, se propone crear líneas de crédito con coberturas entre el 60% y el 90% del valor del crédito, que podrían incluir periodos de gracia iniciales definidos por la Superintendencia Financiera. Según nuestras estimaciones y de forma ilustrativa, si entre el 30% y el 80% de las microempresas de la zona de emergencia optaran por solicitar los créditos, se requeriría capitalizaciones del Gobierno Nacional al FNG entre $90 mil y $240 mil millones.
Extender temporalmente Obras por Impuestos y Obras por Regalías a los territorios afectados. Se propone ampliar la cobertura de estos mecanismos para que empresas puedan financiar proyectos de reconstrucción en ciudades afectadas que hoy no califican, como Pereira, Manizales y Cali. En el caso de Obras por Impuestos, cuyo monto anual es definido por el CONFIS mediante acto administrativo, se propone que este órgano apruebe una asignación extraordinaria para la reconstrucción; para 2026 el cupo fue de $1,145 billones, de los cuales quedan disponibles cerca de $269 mil millones.
Crear un Anticipo Solidario para la Reconstrucción. Se propone que los contribuyentes del impuesto de renta puedan realizar, de manera voluntaria, un pago adicional de hasta el 10% del impuesto de renta liquidado en su declaración, el cual sería descontado en su totalidad en la declaración del año siguiente. Este mecanismo no constituiría un nuevo impuesto, sino un anticipo voluntario que daría liquidez inmediata al Gobierno. Para brindar seguridad jurídica, se propone que el Gobierno expida un Certificado de Anticipo Solidario para la Reconstrucción que garantice la trazabilidad del aporte y su reconocimiento como crédito tributario.
Flexibilizar temporalmente el uso de las rentas de destinación específica. En el marco de la emergencia económica, evaluar la posibilidad de flexibilizar temporalmente el uso de algunas rentas de destinación específica, incluyendo aquellas asociadas al ICBF, SENA y otras entidades, siempre que el marco constitucional y legal aplicable lo permita, con el fin de liberar recursos para atender las necesidades prioritarias de la emergencia.
En conjunto, estas medidas buscan movilizar de manera ágil recursos públicos y privados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni recurrir a cargas tributarias permanentes, en línea con las lecciones que dejó la experiencia del Eje Cafetero en 1999.
