El mismo día en que el Congreso de la República elegirá a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Contraloría General de la República ordenó la apertura de una indagación preliminar, con el fin de verificar posibles irregularidades y sobrecostos, en contratos celebrados por dicho organismo para la capacitación y acreditación de testigos electorales durante las elecciones de 2026.
La decisión del organismo de control se adopta, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos, en cuantía por determinar, relacionados con la ejecución de contratos destinados, entre otros componentes, a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación a testigos electorales.
El órgano de control solicitó la relación de la contratación suscrita por el CNE y la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026 en la que se incluya para cada contrato: fechas de inicio y terminación, valor del contrato, objeto, estado del contrato, interventor y/o supervisor, relación de pagos realizados para cada contrato, así como los contratos con LinkTic y BexTechology, empresas que integran la unión temporal en un 95% y 5%, respectivamente.
La Contraloría aclaró que la apertura de esta actuación no implica una declaratoria de responsabilidad, sino el inicio de las verificaciones correspondientes por parte del organismo de control.
La entidad, a través de sus competencias, puede requerir, conocer y examinar todos los datos e información sobre hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, sin oponibilidad de reserva legal, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones. Una vez culminada la investigación, la Contraloría informará los resultados a la opinión pública y al país.
