(Reuters) – La Corte Constitucional de Colombia aprobó el martes la mayor parte de una reforma al sistema pensional de 2024, aunque ordenó a la Cámara de Representantes corregir el trámite de un grupo específico de artículos por vicios de procedimiento.
La decisión, adoptada por una votación de 7 a 1 en la Sala Plena del tribunal, respondió a un análisis sobre si la plenaria de la Cámara había subsanado un vicio procedimental identificado previamente por la propia Corte en 2025.
No obstante, la Corte devolvió a la Cámara de Representantes disposiciones puntuales, incluidos apartes de nueve artículos, así como una propuesta para un artículo nuevo, por considerar que no fueron tramitadas de manera correcta.
La plenaria de la Cámara tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación del fallo, para tramitar las proposiciones legislativas pendientes vinculadas a esos artículos. Si resulta necesario un proceso de conciliación entre las dos cámaras del Congreso, este deberá surtirse durante la legislatura en curso.
La Corte precisó que la validez constitucional y entrada en vigor de las disposiciones devueltas quedarán condicionadas al resultado del proceso de corrección.
En un punto adicional, el tribunal determinó que las normas ya declaradas constitucionales de la reforma pensional entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2027.
El fallo se produjo después de que la Cámara de Representantes aprobó por segunda vez, en junio de 2025, la reforma pensional que el tribunal le había devuelto para subsanar un vicio de procedimiento.
La aprobación inicial fue demandada con el argumento de que la Cámara autorizó el texto avalado por el Senado sin un debate de fondo.
REFORMA PARA FORTALECER A COLPENSIONES
La reforma busca fortalecer la administradora estatal Colpensiones, reducir los subsidios a las altas jubilaciones, entregar beneficios a las mujeres con hijos y ampliar la cobertura para proteger a los adultos mayores en situación de pobreza.
La iniciativa mantiene en 62 años la edad de pensión para los hombres con 1.300 semanas de cotización y en 57 años para las mujeres, aunque reduce el requisito a 850 semanas en casos especiales según el número de hijos.
La norma obliga a todos los colombianos que ganan hasta 2,3 salarios mínimos mensuales, unos cuatro millones de pesos (1.317 dólares), a realizar sus aportes de pensión a la estatal Colpensiones.
Las personas con salarios por encima de esa suma podrán seleccionar un fondo de pensiones privado para el ahorro individual de los excedentes.
Además, establece que los trabajadores que no lograron cotizar suficientes semanas para una pensión accederán a un beneficio económico, mientras que las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que no aportaron al sistema recibirán mensualmente una renta de unos 75 dólares.
El Gobierno del expresidente izquierdista Gustavo Petro, que impulsó la reforma, estimó que más de 2,6 millones de adultos mayores se beneficiarán de las medidas solidarias.
Los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 continuarán en el sistema actual y no estarán obligados a aportar al fondo estatal.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el 7 de agosto, busca consolidar una mayoría en el legislativo donde el partido izquierdista Pacto Histórico tiene la mayor cantidad de congresistas.
Aún no está claro cómo votará la derecha, actualmente fragmentada, sobre esta legislación insignia del expresidente Petro.
La reforma es uno de los cambios de política social más significativos de Colombia en años, según analistas, quienes destacan que ampliará el papel del Estado en el sistema de pensiones, mientras que preserva un rol para los fondos privados, un tema que por mucho tiempo ha dividido a legisladores, empresas y sindicatos.
