A partir del próximo 18 de septiembre se endurecerán los procesos de visa americana en varios países, incluído Colombia, lo que se suma a la noticia reciente que recibieron miles de familias con trámites de residencia hacia los Estados Unidos, de que sus citas en las embajadas de todo el mundo están congeladas.
Así lo revela un análisis de Visas Gómez & Asociados -firma líder en el país en el asesoramiento migratorio- que señala que el Departamento de Estado de EE. UU. y USCIS ordenaron frenar en seco las entrevistas para obligar a todos sus cónsules a aplicar un examen financiero mucho más estricto a los solicitantes, una medida que busca evaluar con lupa el perfil económico de cada persona antes de permitirle la entrada al país.
Según el informe, este nuevo escenario obliga a los solicitantes a cambiar por completo la forma en que se preparan. Un simple error al rellenar los formularios o la falta de soportes económicos claros pueden derribar un proceso de años en tan solo un segundo en la ventanilla.
Para Leonardo Novoa, director de Visas Gómez & Asociados, “ir a la entrevista consular ahora requerirá una estrategia impecable para demostrar que el solicitante puede valerse por sí mismo desde el primer día”.
El análisis también señala que detrás de este drástico endurecimiento hay una clara justificación económica por parte de Washington, pues el gobierno estadounidense se está apoyando en informes financieros oficiales que señalan el alto costo que representan las ayudas sociales para los contribuyentes, una realidad que impulsó al Congreso a respaldar un presupuesto histórico de más de 170.000 millones de dólares para blindar los controles migratorios, transformando la solvencia económica en el requisito más vigilado del sistema.
Esta batalla legal e institucional comenzó formalmente el 21 de enero de 2026, cuando el Departamento de Estado congeló por completo el procesamiento de visas de residencia para nacionales de 75 países (incluidos Colombia y Venezuela), basándose en informes que afirmaban que más del 30% de esos hogares dependían de asistencia pública. Aunque el mismo 21 de agosto de este año se declaró está medida ilegal, jugada a la que el gobierno respondió con la suspensión global actual, señala el análisis.
El impacto en las ventanillas de las embajadas ya era histórico. Según los datos analizados por la firma, las tasas de rechazo habían alcanzado picos nunca antes vistos: las visas para estudiantes registraron una negación récord del 35%, mientras que la aprobación de residencias permanentes se desplomó a la mitad. El golpe más duro se lo han llevado las parejas, con una caída del 65% en las visas para esposos y prometidos; una crisis familiar que se mantuvo en niveles críticos justo antes de que los jueces federales empezaran a frenar los vetos del gobierno.
“Estamos ante el muro invisible más drástico de los últimos años. Al perder el veto de los 75 países en los tribunales, el gobierno estadounidense trasladó la presión directamente a las ventanillas consulares, lo que puede disparar las negaciones de visas. Ahora, la preparación, desde la primera casilla del formulario hasta la forma de responderle al cónsul, debe tratarse con una precisión quirúrgica si se quiere salvar el proceso de residencia”, explica Novoa.
El análisis afirma que la nueva directriz no solo amplía el castigo hacia programas cotidianos no monetarios, sino que revisará la trayectoria laboral, el nivel académico y de inglés, salud física y fondos de patrocinadores o codeudores de los solicitantes.
Frente a este escenario, el informe de Visas Gómez & Asociados recomienda a los colombianos que estén en proceso activo o planificación de un trámite de visado blindar su expediente de la siguiente manera:
Revisar con precisión los antecedentes familiares antes de enviar la solicitud para garantizar información veraz, completa y sin contradicciones.
Presentar carpetas con estados bancarios robustos, certificaciones educativas, laborales, de idioma y, fundamentalmente, la contratación de un seguro médico privado estadounidense.
Asegurarse que los ingresos de su fiador superen holgadamente el mínimo legal exigido o, en su defecto, estructurar adecuadamente la figura de un co-patrocinador (joint sponsor) con finanzas impecables.
