(Anif).- El pasado 1 de octubre se realizó la primera sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de la nueva administración. En el encuentro participaron representantes del Gobierno Nacional, gremios empresariales, centrales sindicales y las organizaciones de pensionados. Aunque la reunión no marcó el inicio de la negociación del salario mínimo de 2027, la cual está prevista para tomar lugar a finales de noviembre, sí abrió una agenda permanente de diálogo para revisar asuntos laborales y regulatorios. Como resultado de la sesión, se acordó conformar una mesa técnica y jurídica para estudiar las disposiciones laborales que generan inquietudes entre los distintos sectores, relacionadas con las plataformas digitales, el trabajo doméstico remunerado, la negociación colectiva, la tercerización y la intermediación laboral, entre otros asuntos.
Esta agenda constituye un antecedente para la negociación del salario mínimo de 2027, pues la Comisión, de carácter tripartito, es el escenario en el que el Gobierno, los trabajadores y los empleadores buscan concertar su incremento. Aunque la discusión salarial todavía no ha comenzado formalmente y su cronograma no ha sido anunciado, la legislación y la experiencia de años anteriores permiten anticipar su desarrollo. El proceso comenzará con la instalación formal de la mesa de negociación; posteriormente, hacia finales de noviembre, se conocerán y discutirán las estimaciones de productividad laboral y, a comienzos de diciembre, se presentará el dato de inflación de noviembre y los demás insumos sobre crecimiento económico, mercado laboral y perspectivas macroeconómicas. En años anteriores, esta etapa ha contado con la participación del DANE, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación y los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Comercio.
Una vez conocidos estos insumos, los representantes de los trabajadores y de los empleadores presentarán sus propuestas de incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte, iniciando las jornadas de concertación. Durante esta etapa, las partes expondrán sus argumentos, evaluarán escenarios y formularán contrapropuestas con el objetivo de alcanzar una decisión por consenso, mientras el Gobierno promoverá el acercamiento entre las posiciones y procurará que la discusión considere tanto la protección del poder adquisitivo como las condiciones económicas y laborales del país. Si no se alcanza un acuerdo inicial antes del 15 de diciembre, las partes deberán explicar las razones del desacuerdo y estudiar las observaciones formuladas durante el proceso. En caso de que persista la falta de consenso, el Gobierno deberá fijar el salario mínimo de 2027 mediante decreto, a más tardar el 30 de diciembre de 2026.
La negociación del salario mínimo de 2027 deberá buscar preservar el poder adquisitivo de la moneda, pero también tener en cuenta la compresión salarial y el aumento de creación de ocupaciones informales que generó el incremento en 2026, además de presiones inflacionarias por excesos de demanda y crecimiento moderado del aparato productivo. A todo lo anterior se le suman las implicaciones fiscales que tuvo el incremento del mínimo, no solo en el costo de la nómina sino también en el pago de pensiones, en un escenario de alta estrechez fiscal.
