En momentos en que se aproxima la negociación para el salario mínimo de 2027, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenlaco) presentó ante el Consejo de Estado sus alegatos de conclusión y reiteró la solicitud de nulidad del Decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno anterior fijó un incremento del salario mínimo para 2026 del 23%.
Según el gremio, el decreto desconoció los parámetros obligatorios previstos en la Ley 278 de 1996 y en el Código Sustantivo del Trabajo, entre ellos la inflación, la productividad, el crecimiento económico, la participación de los salarios en el ingreso nacional y la capacidad económica de las empresas.
«El Gobierno anterior no podía apartarse de los criterios establecidos por el legislador. La fijación del salario mínimo está sujeta a reglas que deben cumplirse. Su desconocimiento constituye una razón suficiente para que el Consejo de Estado anule el decreto», afirmó Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco.
El gremio señala que el incremento se sustentó principalmente en una estimación denominada «salario vital», contenida en un estudio atribuido a funcionarios o colaboradores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sin carácter normativo vinculante. La estimación, equivalente al 22,7%, prácticamente coincidió con el aumento decretado.
Fenalco también cuestiona la motivación del decreto, por considerar que no explica de qué manera fueron valorados los factores exigidos por la ley.
«Solicitamos el restablecimiento de la legalidad, con plena protección de los trabajadores. La nulidad no implica devolver salarios ni desconocer derechos adquiridos. Existe un precedente del propio Consejo de Estado que permite preservar las situaciones jurídicas consolidadas», señaló Cabal Sanclemente.
La Federación recordó que, en 2017, el Consejo de Estado anuló un decreto de salario mínimo por insuficiencia de motivación y protegió los salarios devengados.
Por estas razones, Fenalco reiteró su solicitud de declarar la nulidad del Decreto 1469 de 2025, decisión que contribuiría a precisar las reglas legales aplicables a la fijación del salario mínimo de 2027.
