Después de años de avances que apuntaban a una mejora en materia de seguridad, el país vuelve a situar esta problemática en el centro del debate público. El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en Bogotá, los recientes ataques con explosivos en Cauca y Valle del Cauca, junto con los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que han cobrado más de 100 vidas en el Catatumbo, y el secuestro de 57 militares en el Cauca, han copado los titulares. Además, en lo corrido del año hasta abril fueron asesinados 69 líderes sociales y 20 firmantes del Acuerdo de Paz, mientras que a mayo ya se contabilizan 29 masacres.
Según un informe de Corficolombiana, entre 2022 (año en que comenzó el gobierno de Gustavo Petro) y 2024, los ataques terroristas en Colombia aumentaron un 52%, los ataques contra infraestructura crítica crecieron un 18%, sumando 85 eventos en 2024, de los cuales 43 correspondieron a atentados contra oleoductos y 42 a voladuras de vías.
Estas agresiones afectan gravemente la operatividad de sectores estratégicos como la minería, la energía y el transporte incrementando costos logísticos, elevando riesgos operativos y limitando la capacidad de atraer inversiones en regiones con alto potencial económico, pero marcadas por la persistente inseguridad.
Así mismi, una encuesta de Invamer realizada del 6 al 16 de junio de 2025 mostró que el 89% de los encuestados considera que la seguridad ha empeorado, y el 36% identifica el orden público como el principal problema del país. Por su parte, según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI de abril de 2025, el 32% de las empresas afirmó que la inseguridad ha afectado sus operaciones.
También ha aumentado la inseguridad contra el patrimonio económico, con efectos importantes sobre la actividad económica. En 2024, la extorsión subió 38% frente a 2022. De forma paralela, tras registrar un mínimo histórico de 160 secuestros en 2021, el secuestro volvió a repuntar, llegando a 338 casos en 2023 y cerrando 2024 con 313, un aumento del 49% respecto a los niveles de 2021, y 9% por encima del promedio anual observado entre 2006 y 2024.
A ello se suma la persistencia de invasiones de tierras que se ha mantenido en niveles preocupantemente altos en los últimos años, reflejando una presión creciente sobre la propiedad privada y el orden territorial en Colombia. Según cifras del Ministerio de Defensa Nacional, en 2024 se presetaron 1.005 casos, superando con creces el promedio histórico de 742, lo que confirma la persistencia del problema. por encima de niveles históricos, generando incertidumbre jurídica, desincentivando la inversión y agudizando los conflictos sociales.
Esto debilita la confianza en el país. Colombia sobresale negativamente en indicadores globales de seguridad: es el país menos pacífico de Sudamérica, según el Global Peace Index 2024–2025, y obtuvo una calificación de 6,5 en el Índice de Amenaza a la Seguridad de The Global Economy, frente a un promedio mundial de 4,9. La creciente inseguridad y la pérdida de control territorial influyeron en la reciente rebaja crediticia de Standard & Poor’s, y existe una alta probabilidad de descertificación por parte de EE. UU., lo que pondría aún más en riesgo el financiamiento externo y la atracción de inversiones.
Por eso, señala, la seguridad, que se creía superada, vuelve a ser una prioridad. Su impacto en la economía es claro: la violencia generalizada causa pérdidas humanas y materiales, frena el desarrollo y debilita la confianza institucional. Según el FMI (2024), es una de las principales barreras al crecimiento en Latinoamérica, la región más violenta del mundo: un aumento del 10% en homicidios puede reducir la actividad económica local en un 4%, mientras que una baja del 50% podría impulsarla hasta en un 30%.
Más allá del doloroso daño humano, la violencia tiene un costo económico para todos. El BID y Fedesarrollo (2024) estiman que representó el 3,6% del PIB colombiano en 2022, considerando la pérdida de productividad, el gasto público en seguridad y justicia, y las inversiones privadas en protección frente al crimen.
El análisis de la seguridad en Colombia no se reduce únicamente a los homicidios. Actos de terrorismo, delitos económicos como la extorsión y el hurto, secuestros, ataques a infraestructura crítica y las constantes disputas por el control territorial continúan afectando de manera importantes a comunidades, empresas y autoridades locales. Sin un entorno seguro, ninguna estrategia empresarial ni política pública podrá sostenerse en el tiempo, generando costos significativos para el país. La seguridad nacional es el factor transversal que favorece la inversión, la productividad y, en última instancia, el crecimiento económico.
El deterioro de la seguridad física en Colombia está estrechamente ligado a la alarmante pérdida de control territorial. La Defensoría del Pueblo ha identificado más de 230 municipios en alto riesgo debido a la presencia activa de grupos armados ilegales, situación que restringe la acción institucional y pone en grave peligro tanto a operadores públicos como privados.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) calcula que hoy existen más de 120.000 desplazados internos, de los cuales cerca de 80.000 huyeron solo de la región del Catatumbo entre enero y junio de este año. Este debilitamiento del control estatal sobre el territorio no solo compromete la seguridad ciudadana, sino que también eleva los riesgos para las actividades productivas y limita drásticamente la capacidad de respuesta institucional.
A la pérdida de control territorial se suma el sostenido crecimiento de los cultivos de coca, que continúa siendo la principal fuente estructural de financiamiento para los grupos armados ilegales. Según la UNODC, en 2023 Colombia alcanzó un récord histórico con 252.572 hectáreas sembradas, un incremento del 10% respecto a 2022, mientras que la producción potencial de cocaína aumentó un 49%. Este fenómeno ha fortalecido de manera significativa la capacidad logística y operativa de los actores ilegales, intensificando los conflictos armados en regiones estratégicas como Nariño, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. Además, este crecimiento exponencial deja a Colombia en riesgo inminente de una posible descertificación por parte de Estados Unidos, bajo la Ley de Asistencia Exterior de 1961. En este contexto, el aumento de los cultivos y la producción de cocaína no solo alimentan la violencia y el conflicto, sino que también representan una seria amenaza para la estabilidad económica y política del país en el ámbito internacional.
La delicada situación de seguridad en Colombia no solo tiene efectos internos, sino que también debilita la confianza y eleva la percepción de riesgo a nivel internacional. Los principales indicadores globales ubican al país en una posición crítica en materia de seguridad. Según el Global Peace Index (2024-2025), Colombia ocupó el puesto 146 entre 163 países, siendo el país menos pacífico de Sudamérica. El Índice de Amenaza a la Seguridad de The Global Economy le otorgó una calificación de 6,5 sobre 10, frente a un promedio global de 4,9. A esto se suma el Global Terrorism Index, que reportó un aumento de 0,2 puntos entre 2023 y 2024, pasando de 6,2 a 6,4, reflejando un repunte en la actividad terrorista.
La calificadora Standard & Poor’s ha advertido que el deterioro de la seguridad y la pérdida de control territorial, sumados a la fragilidad fiscal, afectan negativamente el perfil crediticio de Colombia y elevan su riesgo soberano. A ello se suma la posible descertificación por parte de Estados Unidos, señal de desconfianza hacia la estrategia antidrogas del país. De concretarse, esto implicaría pérdida de respaldo financiero y militar, mayores barreras comerciales y un deterioro en el acceso al crédito internacional.
Concluye el informe de Corficolombiana señalando que “garantizar condiciones mínimas de seguridad no solo responde a una demanda ciudadana urgente, sino que constituye una política fundamental para reactivar el crecimiento, elevar la competitividad y consolidar un desarrollo económico sostenible y de largo plazo”.
Fortalecer las instituciones y el Estado de derecho resulta indispensable para contener al crimen organizado y a grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. De igual forma, es fundamental garantizar que los recursos destinados a la seguridad se administren con eficiencia y sostenibilidad, incorporando los costos asociados a la violencia en la planificación fiscal y económica del país.
La recuperación de los avances en materia de seguridad debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de política pública. Esto exige el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho, así como el diseño de una estrategia coordinada que se base en datos confiables, se adapte a las dinámicas locales del delito y garantice un uso eficiente de los recursos destinados a la seguridad.
