La congelación de las tarifas de los peajes mediante el decreto 050 de enero de 2023, que podría generar una contingencia fiscal del orden de $13,8 billones en los próximos años, que es el tamaño estimado del déficit eventual de largo plazo a favor de los concesionarios.

Así lo plantea Fedesarrollo en un documento titulado “El aporte de las concesiones mediante APP en infraestructura de transporte al crecimiento y el bienestar de Colombia”, el cual analiza el papel de las Alianzas Público-Privadas (APP) en el financiamiento de grandes proyectos de infraestructura de transporte.

Además, el estudio alerta sobre el efecto para las iniciativas privadas, proyectos que tienen como única fuente de ingreso de financiación el recaudo de las tarifas de peajes. En consecuencia, la congelación de todas las tarifas podría generar la terminación anticipada de los contratos, por no estar asegurada su viabilidad financiera.

Por tanto, señala, es un imperativo normalizar el valor que se cobrará a los usuarios de este tipo de infraestructura. Esta situación podría suceder en los 10 proyectos del programa 4G.

Además, indica que los retrasos en las inversiones en infraestructura que se originarían en la incertidumbre para las APP en transporte podrían reducir el crecimiento de la economía en órdenes del 0,5% del PIB, afectando negativamente la generación de empleo y superación de la pobreza.

“La naturaleza del modelo de concesiones ha permitido la financiación y operación óptima de inversiones que no se hubieran podido realizar con los recursos públicos disponibles a lo largo de tres décadas. El desmantelamiento del modelo de APP reduciría la dotación de infraestructura de buena calidad dado que no hay espacio fiscal para sustituir APP por obras públicas en el corto plazo, aumentaría los costos generalizados de transporte, reduciría el ritmo de crecimiento del PIB, y empobrecería a la mayoría de la población”, concluye el director del estudio, Juan Benavides.

Este estudio no solo destaca los beneficios económicos derivados de la financiación de proyectos de esta naturaleza, sino que también subraya la importancia de mejorar la eficiencia en el proceso de diseño, construcción, asignación de riesgos, operación e innovación de proyectos. Estos avances resultan igualmente relevantes en términos económicos y sociales para la población.

El análisis se enfoca en tres puntos: el impacto macroeconómico de la infraestructura de transporte y el balance de inversiones; los aportes, obstáculos y perspectivas del modelo de APP en transporte en el país y su comparación internacional; y, la identificación y evaluación de políticas que puedan poner en riesgo la viabilidad a mediano y largo plazo de los concesionarios.

Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, “las concesiones APP son esquemas de ejecución que exigen estabilidad institucional y jurídica. Es fundamental profundizar el modelo APP en transporte como un instrumento crucial para el desarrollo nacional y la reducción de la pobreza en Colombia, dado su aporte macroeconómico y su capacidad para habilitar nuevos negocios. Para esto, es necesario mantener unas reglas claras que permitan asegurar la sostenibilidad del modelo”.

Basado en un trabajo previo de Fedesarrollo elaborado por Luis Fernando Mejía y Martha Elena Delgado, el estudio encuentra que por cada incremento de la inversión en infraestructura del 0,7% del PIB en promedio anual durante los próximos 10 años, la tasa de crecimiento económico aumentaría en 1 punto porcentual. Esto se traduciría en una reducción promedio de la tasa de desempleo de 0,8 puntos porcentuales y una reducción de la tasa de pobreza de 0,6 puntos porcentuales. Además, el estudio encuentra que la inversión en los sectores asociados a la infraestructura tiene un efecto multiplicador amplio en la economía. Por ejemplo, cada peso invertido en obras civiles se traduce en 2,25 pesos en la producción nacional, 2,46 pesos en salarios y 4,90 pesos en impuestos. Se observa entonces el círculo virtuoso de la infraestructura en la economía, el bienestar e incluso para la estabilidad macroeconómica.

A pesar del histórico rezago en materia de carreteras, Colombia ha experimentado un aumento significativo en la inversión en infraestructura en las últimas décadas. En el siglo XX, la inversión promedio representó 1 punto del PIB, cifra que se incrementó en los últimos años a cerca del 1,5% en lo corrido de este siglo, con su pico más alto registrado en 2012 (2,4%). Este impulso se debe en gran parte a la inversión privada, la cual se enfocó en un 90% en el modo de carretera. De hecho, el país se ha convertido en un referente internacional en la implementación de APP gracias a los avances significativos en materia normativa, de planificación y coordinación desde hace tres décadas. No obstante, en los últimos meses ha surgido gran incertidumbre en relación con las señales y anuncios del gobierno que podrían afectar la estabilidad a mediano y largo plazo de este modelo.