La sala plena de la Corte Constitucional suspendió de forma provisional los impuestos a las generadoras de energía eléctrica, establecidos en el decreto 0044 del 21 de enero de 2026, hasta que se falle de fondo su legalidad.
Por medio de esta norma, el Gobierno espera que las generadoras hagan un aporte de 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos, que hayan tenido durante 2025.
A la vez, el Ejecutivo estipuló un “pago en especie” de 12% de la energía vendida en la bolsa del mercado mayorista. Este tributo está dirigido a las empresas que desarrollen generación eléctrica hidráulica en el mercado mayorista con despacho descentralizado, de acuerdo con lo expuesto en el portal valoraanalitik.com
Estas medidas fueron promulgadas con el objetivo de solucionar el problema financiero de Air-e, empresa de servicios públicos del Caribe, que está intervenida desde 2024.
A su vez Blu Radio recordó que la empresa generadora de energía Isagen envió una solicitud a la Corte Constitucional pidiendo la suspensión provisional del decreto, con el argumento de que vulneraba los principios constitucionales y legales porque trasladaba a las generadoras la carga de financiar empresas intervenidas por el Estado, sin que exista una relación directa con la emergencia económica invocada por el Gobierno.
Acolgén
Frente a esta decisión, la presidenta de Acolgén y del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, señaló que la suspensión provisional del Decreto 1390 reafirma el Estado de Derecho y recuerda que incluso en coyunturas complejas, la Constitución no se suspende.
En coherencia con ello, la suspensión del Decreto 0044, a partir del 29 de enero de 2026, ratifica un principio esencial: las medidas que afectan sectores estratégicos como el energético, deben adoptarse con rigor constitucional, técnico y jurídico, y no mediante atajos normativos.
El sector eléctrico ha invertido más de $140 billones en 30 años y se requieren inversiones anuales entre $10 y $13 billones para asegurar el suministro futuro. Cambios abruptos en las reglas debilitan la confianza y ponen en riesgo estas inversiones, en un momento en el que el país ya enfrenta una escasez de energía firme de -1,6 % en 2025 y en el que, según datos de XM, este déficit podría profundizarse hasta -3,5 % en 2027.
“Reiteramos el llamado a que los retos del sector se aborden por las vías institucionales ordinarias, con diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen un sistema energético confiable y sostenible para todos los Colombianos”, indicó.
La seguridad jurídica es una condición básica para garantizar inversión, confiabilidad de los sistemas, sostenibilidad financiera y protección efectiva de los consumidores y usuarios. Sin reglas claras y estables, todos los sistemas se debilitan.
La incertidumbre regulatoria dificulta la financiación de nuevos proyectos, afecta la subasta del cargo por confiabilidad y retrasa el desarrollo de energías renovables necesarias para la transición energética. “Desde los gremios reiteramos nuestra disposición al diálogo constructivo. Defender la institucionalidad, la Constitución y la confianza es el camino para fortalecer el sector energético y asegurar el abastecimiento del país hoy y en el futuro”, concluyó.
