El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reiterósu alerta sobre el panorama fiscal que enfrenta el Gobierno Nacional en los años 2024 y 2025, por lo que considera que se requieren nuevas medidas.

El CARF señaló que los ingresos estimados para 2024 se ubicarían en $74,1 billones (4,3% del PIB) por debajo de lo programado en el Presupuesto General de la Nación 2024 (aprobado en octubre de 2023). Ante este escenario, la reducción del gasto fiscal en el presupuesto que se requiere para cumplir con la meta de la Regla Fiscal para 2024 se estima en 56,2 billones de pesos (3,2% del PIB).

«En respuesta a esta situación, el gobierno ha expresado de manera reiterada su compromiso con el cumplimiento de la Regla Fiscal. Para ello, expidió un decreto de aplazamiento, ajustó el Plan Mensualizado de Caja (PAC) y, recientemente, anunció un nuevo decreto para reducir el gasto. En el agregado estas medidas reducirían el gasto del 2024 en  $25 billones. Lo anterior, implica que para cumplir la Regla Fiscal se requiere un recorte adicional en el gasto de $31 billones», afirmó el CARF.

Sostuvo que las cifras del Ministerio de Hacienda muestran que el déficit primario, a agosto de 2024, supera la meta consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal de 0,9% del PIB. Esto quiere decir que entre septiembre y diciembre de 2024 el cumplimiento de la Regla Fiscal requiere superávits primarios. Para ello, en noviembre y diciembre de 2024 el gobierno no podría gastar en promedio más de $15,9 billones por mes, mientras que el promedio de gasto mensual entre enero y octubre ha sido cercano a los $26,5 billones.

El Gobierno enfrenta inflexibilidades, algunas estructurales y ajenas a su control, que limitan la capacidad de realizar un ajuste fiscal sostenido. El CARF estima que entre 2019 y 2023 el 83,6% del gasto fue inflexible. Algunas de las inflexibilidades más significativas se deben al gasto de intereses, las pensiones, el Sistema General de Participaciones, los subsidios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gasto en defensa y los gastos asociados del sector salud. La mayoría de estas rigideces se han acentuado en los últimos años debido al alto nivel de la inflación y del crecimiento del salario mínimo, factores que tienen efectos en rubros como las pensiones y los salarios

El CARF percibe que han aumentado los riesgos de incumplimiento de la Regla Fiscal en 2024. El CARF está a la espera de conocer las medidas de ajuste que aseguren el cumplimiento de la Regla Fiscal, considerando que los últimos meses del año se suele presentar un menor recaudo y un aumento en el ritmo de ejecución del gasto primario.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal también alertó sobre la disponibilidad de caja en pesos del Gobierno que ha permanecido por debajo de su promedio histórico a lo largo de 2024. Con corte al 31 de octubre, el saldo de los Depósitos del Tesoro Nacional (DTN) en el Banco de la República (BanRep) era de $19,1 billones, frente a un promedio histórico de $33 billones. Asimismo, en 2021, la reserva presupuestal se ubicó en $ 17,2 billones, mientras que en 2022 y 2023 ascendió a $ 25,6 y 34,6 billones, respectivamente. En lo corrido de 2024, a octubre las apropiaciones comprometidas no obligadas (sin deuda) se ubicaron en $ 47,3 billones. De mantenerse esa tendencia en lo que resta de 2024, se crearía una presión fiscal adicional de $ 12,7 billones para 2025. Esto elevaría aún más las necesidades de ajuste fiscal en 2025 para cumplir con la Regla Fiscal y acentuaría los retos de caja.

Las proyecciones del CARF, para 2025, muestran que los ingresos programados por el gobierno presentan un alto grado de incertidumbre. Con la información disponible a hoy, el CARF estima un riesgo de menor recaudo (frente al escenario de Ley de Financiamiento) de por lo menos $33,3 billones ($22,6 billones por menor gestión de la DIAN, $4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba la Ley de financiamiento), lo que requeriría un ajuste de gasto del PGN 2025 de %39,1 billones para cumplir la Regla Fiscal.

El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que, en caso de que no se apruebe la Ley de Financiamiento, el gobierno deberá efectuar un recorte de gasto a inicios del año por un monto equivalente al recaudo que se espera alcanzar a través de dicho proyecto de ley. También mencionaron en su comunicado que, se requerirá, además, ajustar el presupuesto de gasto a la capacidad de generar ingresos ciertos para cumplir la Regla Fiscal en 2025, reducir la incertidumbre y mantener la credibilidad de la estrategia fiscal. De lo contrario, se podría impactar negativamente las primas de riesgo, los costos de financiamiento, la tasa de cambio y el valor de la deuda.

En su conclusión, el CARF reiteró la necesidad de garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2024 y 2025. El Plan Financiero de 2025 deberá reflejar metas realistas de ingresos estructurales que financien gastos estructurales, para garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal y mejorar la posición de caja. Hacia adelante, el país requiere identificar y tomar medidas estructurales que permitan consolidar un ajuste fiscal sostenido y asegurar la sostenibilidad fiscal.