(EFE).- Veinte exgobernantes de España y América Latina expresaron este martes su preocupación por la posibilidad de que los detenidos por las protestas sociales del año 2021 en Colombia «eludan sus responsabilidades» ante la justicia mediante la aplicación de figuras legales de uso «excepcional».

En una declaración escrita hicieron un llamado a la comunidad internacional para que «observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia».

«La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos», agregaron.

Los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) que firman esta declaración, dos de ellos colombianos, Iván Duque y Andrés Pastrana, no mencionan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ni especifican quienes serían los posibles beneficiarios de indultos.

Tan solo dicen que son «individuos involucrados en recientes y graves delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación (Colombia)», pero se sabe que se trataría de los participantes en las protestas sociales.

A los exgobernantes, que reconocen que un presidente puede tener potestad constitucional para conceder indultos, les «preocupa», no obstante, que «el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia».

La declaración subraya que «tratar sus casos bajo figuras jurídicas que sólo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz», significaría «un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su Justicia».

Los exgobernantes remiten al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en 2018.

«Un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares», apuntan citando el fallo.

Firman la declaración, además de Iván Duque y Andrés Pastrana, el exjefe del Gobierno de España José María Aznar, y los expresidentes Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Alfredo Cristiani (El Salvador) y Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

También Eduardo Frei T. y Sebastán Piñera (Chile), Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina), Carlos Mesa G. y Jorge «Tuto» Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).