(Agencias) -El Gobierno de Colombia presentó el martes al Congreso una propuesta de reforma fiscal con la que busca recaudar 12 billones de pesos (2.843 millones de dólares), a través de un mayor cobro de impuestos, para financiar parte del presupuesto de gastos del próximo año.
Se trata de la segunda reforma tributaria que tramita el Gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro durante su mandato, que inició en agosto del 2022.
Entre las principales propuestas de la reforma figuran aumentos en el impuesto al patrimonio y al carbono, un alza del 15% al 20% para los ingresos por ganancia ocasional, un gravamen del 19% para las plataformas digitales de apuestas, así como un alza en el impuesto a los vehículos híbridos, con lo que conseguiría un poco más de 6 billones de pesos.
Además, el Gobierno propone adelantar la implementación de las metas de la regla fiscal del 2026 al 2025, con lo que permitiría un mayor endeudamiento del país por alrededor de unos 5,3 billones de pesos.
La iniciativa también propone una reducción progresiva del 35% al 30% para el tributo de renta para las empresas.
«Es una ley para complementar el financiamiento del presupuesto de 2025 por 12 billones de pesos y tiene tres grandes ejes: El primero, unos estímulos a la reactivación económica; segundo, la identificación de unas nuevas fuentes de ingreso tributario, y tercero, un ajuste en la regla fiscal», explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en declaraciones a la prensa.
El Congreso debe aprobar en estas semanas el presupuesto de 2025, con la negativa de la mayoría de grupos de oposición que incluso insisten en que el déficit es mayor a esos 12 billones de pesos.
«Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el Gobierno lo decreta», advirtió hoy Petro.
Para tapar el hueco fiscal, el nuevo proyecto de reforma tributaria -que sucederá a la aprobada en 2022 y que fue el primer gran triunfo de Petro- busca «reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa» y financiar «el desbalance con la sobretasa al petroleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por internet y la reducción de exenciones», según el presidente.
Estímulos a empresas y para el turismo
De esta forma, habrá una «reducción progresiva de la tasa nominal del impuesto de renta corporativo», explicó el ministro, que pasará del 35 % al 27 % en el caso de las pequeñas empresas, con la excepción de las de petróleo y carbón que no se beneficiarán de este estímulo.
Por el contrario, el proyecto de ley presentado «propone incrementar la tarifa de ganancias ocasionales y la tarifa máxima del impuesto de renta de personas naturales», es decir, subir cinco puntos porcentuales el tributo a grandes ingresos por ganancias ocasionales y dos puntos porcentuales en las rentas altas.
«Otros estímulos están dirigidos al financiamiento y apoyo a las energías renovables y al desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes», añadió Bonilla, quien puso de ejemplo que habrá exclusión del IVA de los tiquetes aéreos a municipios donde no se puede llegar por carretera o que «va una extensión de la reducción del IVA para el proceso de renovación del parque automotor»
Nuevos gravámenes
¿De dónde se van a obtener los ingresos adicionales? El Gobierno quiere con la nueva ley gravar a las plataformas de juegos de suerte y azar online, que han crecido casi un 27 % en los últimos tres años, como ya hace con los establecimientos físicos dedicados a esta actividad, que tienen un IVA del 27 %.
También busca quitarle la exención de IVA a los vehículos híbridos, pues «se hizo bajo la idea de transición energética pero se ha demostrado que son altamente consumidores de gasolina, no tienen ningún sentido que tengan tarifa diferencial», explicó Bonilla, por lo que pasarán del 5 % de IVA al 19 %.
El impuesto al carbono, que existe desde 2016 para desincentivar el consumo de combustibles fósiles, sube de 25.000 dólares por tonelada emitida a 75.000 dólares, manteniendo los cobros máximos establecidos en 2016.
A finales de julio el Ministerio de Hacienda presentó ante el legislativo un proyecto de presupuesto de gastos para el 2025 por 523 billones de pesos (123.913 millones de dólares), que el Congreso aún no ha aprobado y que enfrenta dificultades de riesgo para el cumplimiento de sus objetivos fiscales.
El proyecto «tiene tres grandes ejes, unos estímulos a la reactivación económica, la identificación de unas nuevas fuentes de ingresos tributarios y un ajuste en la regla fiscal», dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a periodistas.
El Gobierno aseguró que tanto la propuesta tributaria como el presupuesto del próximo año son consistentes con las metas previstas, de un déficit fiscal de 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y de crecimiento económico de 3%, establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
«A corto plazo, esto podría reducir el consumo privado, aunque a largo plazo, si el Gobierno mantiene una política fiscal responsable, podría estimular la inversión y el crecimiento económico», dijo una nota del equipo de Scotiabank.
El Gobierno no cuenta con una sólida mayoría en el Congreso para impulsar y aprobar sus proyectos económicos y sociales, lo que según analistas anticipa que las propuestas fiscales enfrentarán un difícil trámite.
El independiente Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió en julio que la cuarta economía de América Latina podría requerir ajustes adicionales para cumplir la regla fiscal en el 2024 y el 2025 ante eventuales riesgos sobre las metas de recaudo tributario, pese a los recientes anuncios de recorte de gastos.
