Ante las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre una reforma pensional, el gremio que representa a las empresas administradoras de fondos de pensiones, recuerda que hace pocos días se tuvo una reunión con el Ministerio de Trabajo, con el fin de buscar una mesa de diálogo técnico como escenario natural para analizar y discutir una propuesta de reforma pensional que permita que más colombianos tengan una protección en su vejez, pero que al tiempo garantice equidad en la focalización de los recursos, y que sea financieramente sostenible.

“Con la ministra Gloria Ramírez tuvimos un primer encuentro hace algunos días en el que las partes acordamos mantener un canal de diálogo y a través de mesas técnicas analizar las mejores alternativas para una reforma tan trascendental como la pensional”, señaló Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (asociación que agrupa a Colfondos, Porvenir, Proteccion, y Skandia).

Aunque el dirigente ve como positiva la iniciativa de fortalecer los mecanismos de protección a la vejez para tres millones de adultos mayores, insiste en que este tipo de propuestas deben ir enmarcadas bajo una reforma que permita incorporar mejoras al sistema pensional, “todo esto es necesario, pero sin afectar el ahorro de la gente, ni la posibilidad de que al llegar a su vejez los trabajadores actuales no cuenten con los recursos necesarios para pensionarse”. Montenegro resaltó además que en cerca de 30 años, el ahorro pensional en los fondos privados acumulado en ese periodo (hoy cerca de $360 billones), no solo se constituye en el principal garante de los trabajadores para su vejez, sino también en un importante activo para el desarrollo del país “los recursos de fondos de pensiones han aportado cada año cerca de 0,6% del Producto Interno Bruto a través de inversiones que han irrigado los sectrores económicos y productivos de país”, por eso insiste en que hay que cuidar el ahorro, y no desbordar el gasto a través de ahorro propiedad de los trabajadores, de ahí, la importancia de reiterar el abrir un espacio de diálogo con el Gobierno para llegar a un acuerdo que sea sostenible para el sistema, sus beneficiarios y ahorradores.