El año 2025 terminó lleno de noticias extraordinarias, con grandes implicaciones económicas que implican desafíos para el presente año, según el balance entregado por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
De acuerdo con el informe la “Emergencia Económica” decretada por el Gobierno, y los decretos que imponen nuevos impuestos a los contribuyentes por más de $16 billones, son reflejo de varias realidades empezando porque el Gobierno reconoce que se encuentra en una situación fiscal muy grave.
Dentro de las soluciones consideradas por el gobierno no estuvo la reducción del gasto público, porque en su opinión los contribuyentes deben asumir todas las necesidades que tenga el Estado. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal la situación puede ser significativamente más grave que los $16 billones.
Colombia paga los intereses más altos de los emisores con riesgos económicos equivalentes, gracias a la inmensa incertidumbre que genera el Gobierno en el mercado, incluyendo la aplicación de la “Cláusula de escape de la regla fiscal” que minó sensiblemente nuestra credibilidad entre los acreedores.
Días antes de la declaratoria de emergencia económica” el Gobierno adelantó una “inusual” operación de tesorería que denota el desespero por la caja y levantó grandes preguntas entre otros acreedores. La deuda pública colombiana ha aumentado más de $370 billones durante los últimos 3 años.
A lo anterior hay que sumarle la convicción que tienen la gran mayoría de los analistas constitucionales de que la “emergencia económica” y las medidas derivadas de la misma, no tienen fundamento, y por lo tanto, a pesar de las múltiples advertencias al gobierno, serán declaradas inconstitucionales en unos meses, generando gran impacto durante su presunción de constitucionalidad, y gran inestabilidad en las reglas jurídicas que afectan las actividades económicas.
En cuanto al exagerado aumento del salario mínimo, la Andi considera que el resultado será un gran empobrecimiento para todos los afectados por la inminente inflación. “Una medida populista e irresponsable, pensada solo con lógica electorera que producirá gran daño general”.
Dicho aumento tendrá costos inmensos para muchas personas más, especialmente los más de 11.3 millones de trabajadores informales que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, para quienes no habrá aumento salarial, pero si gran aumento en el costo de los componentes de la canasta esencial.
Así mismo, indica el gremio que Colombia cerró 2025 con un crecimiento cercano al 3%, mejor que el de los años anteriores. Resultado, aunque positivo, insuficiente y sobre todo muy vulnerable. El impulso provino principalmente del consumo de los hogares y el Gobierno, apoyado en remesas, menor inflación y una gradual normalización financiera. La inversión productiva, en cambio, continuó rezagada, afectada por la incertidumbre regulatoria, fiscal y ahora también institucional, agravada por el uso de instrumentos excepcionales.
Una economía que crece apoyada en el gasto público, mientras la inversión pierde dinamismo, reduce su crecimiento potencial y compromete su sostenibilidad. Sin inversión no hay productividad; sin productividad no hay empleo formal; y sin empleo formal no hay cohesión social ni sostenibilidad fiscal.
El mercado laboral reflejó estas tensiones. La tasa de desempleo disminuyó, impulsada principalmente por el crecimiento del empleo informal, que supera el 55%. Los incrementos reales del salario mínimo en los últimos años, sin mejoras equivalentes en productividad, han expulsado trabajadores del empleo formal hacia la informalidad, reduciendo la base de cotizantes y debilitando el sistema de protección social.
En cuanto a los temas de energía y salud, señala que respecto a la primera la ausencia de una ruta clara de transición, el desabastecimiento de gas, el aumento de importaciones y el incremento de precios han convertido la seguridad energética en un problema económico crítico. El riesgo de un apagón dejó de ser una advertencia técnica.
En salud, la situación ya es una crisis abierta. Cierre de servicios, dificultades en el suministro de medicamentos, aumento de tutelas y presión financiera sobre clínicas y hospitales afectan directamente a los pacientes. Antes de cualquier reforma estructural, es indispensable estabilizar la operación del sistema y garantizar su financiación. El Gobierno ha olvidado a los pacientes y ha concentrado sus esfuerzos en convertirla en una causa ideológica.
Frente a las finanzas públicas, advierte que el próximo gobierno tendrá la inmensa tarea de tratar de estabilizar las finanzas públicas y para esto se requerirá de un consenso nacional con la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, conscientes de la compleja realidad que hay que superar.
El Balance 2025 deja un mensaje claro, las advertencias se cumplieron. Pero deja una advertencia adicional, quizá más importante: las crisis no se resuelven erosionando las reglas. Colombia necesita enfrentar sus problemas con responsabilidad fiscal, respeto por la Constitución, una política exterior pragmática y una estrategia clara de crecimiento e inversión. 2026 será decisivo. No solo para el rumbo económico del país, sino para la solidez de sus instituciones y la confianza de quienes invierten, trabajan y producen en Colombia.
