En la propuesta de cambio del gobierno del presidente Gustavo Petro hay cuatro políticas públicas que deben implementarse en los próximos años: el cambio climático, la seguridad alimentaria, energética y económica. Superar estos retos, exige que también se hable con claridad de otra política pública sin la cual las dos primeras no pueden llevarse a cabo: la política de impulso a la minería.

Con ese mensaje arrancó en Cartagena una nueva versión del Congreso Nacional de Minería, Energía, Vida y Futuro, el cual se extenderá hasta este viernes 2 de septiembre.

El evento, cada año reúne a los actores más relevantes de los sectores público y privado, expertos nacionales e internacionales, academia, sociedad civil, funcionarios de los gobiernos nacionales y locales, comunidades de los territorios mineros, entre otros se dieron cita para analizar la actualidad y el futuro de la industria del país.

“Las energías limpias demandan minerales que nuestro país tiene en el subsuelo y en ese sentido se necesita una industria minera sólida que invierta en su exploración y producción de manera responsable y sostenible. Una transición energética viable y segura requiere un compromiso irrestricto con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la generación de oportunidades y el diálogo social”, indicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

Dentro de los temas abordados en el acto de apertura, Nariño también indicó que la coyuntura geopolítica actual, marcada por la guerra entre Rusia y Ucrania, hizo evidente que la seguridad energética depende de la diversificación y los minerales son claves para lograrlo. 

Adicionalmente, recalcó que una política de seguridad alimentaria solo es posible si se incrementa la producción de fosfatos, magnesio, azufre, calcio, zinc, potasio, entre otros, minerales, sin los cuales no se pueden producir los fertilizantes que Colombia y el mundo necesitan para la producción de maíz, trigo, soya, y que a su vez aseguran el abastecimiento a precios razonables del pollo, la carne y los huevos en el mercado local y nacional.

En cuanto a infraestructura, el líder gremial resaltó que se requieren más de 20 millones de toneladas de cemento y un billón adicional de ladrillos para cerrar la brecha de vivienda, si se tiene como base que en el país hay 1,5 millones personas que no tienen techo o viven en hacinamiento, por lo que impulsar el sector será clave para disminuir la desigualdad.

“La construcción del país que todos queremos requiere de más empleo, más inversión y más esfuerzos para trabajar conjuntamente contra la desigualdad social y para generar condiciones de vida digna para los colombianos. Para acompañar el progreso, Colombia cuenta con una industria minera comprometida a extraer los minerales con los más altos estándares de sostenibilidad, donde prime el diálogo con las comunidades y el país”, concluyó Nariño.

Vale la pena mencionar que el sector realiza aportes de 184.000 millones de pesos en inversión social, lo que significa más de cinco veces la inversión obligatoria del sector. De esos recursos, el 40% es destinado a educación, salud, emprendimiento e infraestructura vial, los cuales son concertados con las comunidades que van a ser beneficiadas. Datos de la Asociación Colombiana de Minería dan cuenta que gracias a esta industria se ha visto mejoría en los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas en los municipios mineros, las cuales han bajado de 60% en 1993 a 33,2% para 2018. Otras cifras muestran que por cada peso que genera la minería se generan 2,4 pesos en otros sectores, además el sector representa el 2% del Producto Interno Bruto Nacional y aporta más de 5 billones de pesos cada año en regalías. De otra parte, el sector es responsable de crear más de 160.000 empleos directos y 700.000 indirectos en todo el país.