(EFE).- Distintas fuerzas políticas de Colombia arroparon este jueves a la Corte Suprema de Justicia luego de que manifestantes afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro asediaran el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, en protesta porque ese tribunal no ha elegido a la nueva fiscal general.

La tensa situación obligó al jefe de Estado a ordenar a la Policía que restableciera el orden en las inmediaciones del Palacio de Justicia, lo que se hizo con la intervención de unidades antimotines de la Policía que sacaron a los magistrados y funcionarios de la sede judicial.

El asedio al Palacio de Justicia fue condenado por el expresidente César Gaviria (1990-1994), quien culpó directamente a Petro de lo sucedido porque el mandatario ha convocado en los últimos días manifestaciones contra el fiscal, Francisco Barbosa, a quien acusa de instigar una «ruptura institucional» y un «golpe de Estado», y para presionar a la Corte Suprema a que elija pronto a su sucesor pues el periodo de éste termina el próximo lunes.

«Los actos en que está incurriendo el Gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del Estado de Derecho sino que estará incurriendo en actos criminales», manifestó Gaviria en un comunicado.

Gaviria dijo que lo que está viendo el país «más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal» y aseguró que «el presidente no se está comportando como una persona cuerda».

Defensa del orden constitucional

«Incitar a protestas contra los poderes independientes para presionar sus decisiones es una amenaza directa al orden institucional», manifestó por su parte el expresidente Iván Duque (2018-2022) en su cuenta de X.

Duque reclamó del Gobierno protección para la Corte Suprema y aseguró que «no brindarle garantías para su seguridad e independencia, es una omisión grave que merece reacción inmediata de los organismos de control».

En el mismo tono se manifestó el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002), quien aseguró que «el cerco violento a la Corte Suprema de Justicia y la pasividad cómplice del Gobierno de Gustavo Petro son el más grave atentado a la Justicia desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19».

Pastrana aludió a que esa sede judicial fue escenario el 6 y 7 de noviembre de 1985 de una toma de guerrilleros del M-19, en el que militó Petro, que irrumpieron en el edificio y tomaron como rehenes a cerca de 300 personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Consejo de Estado.

El Ejército retomó al segundo día a sangre y fuego el edificio, con el resultado de 94 muertos, entre ellos 11 magistrados, decenas de heridos y 11 desaparecidos, en su mayoría empleados de la cafetería y visitantes.

«No se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro. Se requiere la fuerza del Estado para que de manera táctica y sin crear riesgos se garantice seguridad y libertad a los magistrados», reclamó por su parte el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Respeto por las instituciones

También el Partido Conservador aseguró en redes sociales que «el bloqueo por parte de manifestantes de las puertas del Palacio de Justicia es inaceptable. La separación de poderes y el respeto a la majestad de la justicia es un principio democrático».

«No podemos confundir el derecho a la protesta pacífica con las vías de hecho y actos violentos como impedir la salida de los Magistrados de las Cortes y funcionarios del Palacio», indicaron los conservadores.

Otra voz fuerte la expresó el exministro Juan Camilo Restrepo, quien dijo que «el silencio del presidente Petro, sin condenar con firmeza el asedio de violentos contra el Palacio de Justicia, recuerda al silencio de (Donald) Trump cuando se quedó callado cuando unos violentos similares asediaban el Capitolio americano».

El opositor partido Centro Democrático rechazó «cualquier forma de violencia contra la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados» y recordó que «el respeto y la protección a nuestras instituciones son parte de los pilares democráticos de Colombia».

Mientras tanto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo en su cuenta de X que «el país tiene que exigir respeto para las Honorables Cortes de la Justicia. Que paren ya la amenaza. El Presidente de la República debe ordenar que la hostilidad contra la Justicia se detenga».

El exministro liberal Juan Fernando Cristo aseguró que «el ataque a la Corte Suprema de Justicia y la intimidación a sus magistrados es inaceptable».

Mientras tanto, la procuradora colombiana, Margarita Cabello Blanco, expresó una «preocupación muy grande» por lo ocurrido y exigió a la fuerza pública y a la Policía actuar «con la fuerza y contundencia suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios sino además garantizar la institucionalidad de nuestro país».