La democracia no se erosiona de un solo golpe. Se debilita cuando coinciden violencia política, sospechas de vigilancia ilegal, tensiones con los contrapesos y decisiones de seguridad que reducen la capacidad del Estado en los territorios. Colombia llega a la antesala de la campaña presidencial de 2026 con esa acumulación de señales, advierte Red Pro.
En ese contexto, preocupa que la violencia pueda incidir en la competencia democrática y alterar sus condiciones básicas. Cuando la seguridad de candidatos, liderazgos y ciudadanos se ve amenazada, se afecta la libertad del debate público y la confianza en que será posible elegir sin miedo.
A esa preocupación se suma otra señal inquietante: la instalación en la discusión pública de versiones sobre interceptaciones, seguimientos, informes reservados y eventuales usos políticos de información sensible contra campañas y sectores de oposición. En una democracia, la inteligencia del Estado no puede convertirse en herramienta de contienda, ni las sospechas de vigilancia ilegal pueden tramitarse como un episodio más de la polarización. Deben esclarecerse por vías institucionales, con trazabilidad, control y responsabilidades.
Al mismo tiempo, preocupa el deterioro de la confianza en instituciones llamadas a actuar con autonomía técnica. El cuestionamiento público de contrapesos constitucionales, especialmente en materia monetaria, no es una simple controversia económica. Cuando se intenta convertir al Banco de la República en un adversario político, se desordena el debate público y se debilita la credibilidad de las reglas.
Esa tensión se cruza con decisiones de seguridad y justicia en el marco de la Paz Total que han generado inquietudes sobre la capacidad del Estado en los territorios. En particular, resulta fundamental que las conversaciones de paz se adelanten con marcos jurídicos claros, en tanto involucran actores al margen de la ley, y que cualquier medida excepcional preserve las garantías de las víctimas, asegure su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y evite escenarios que puedan traducirse en riesgos para la participación política en condiciones de libertad. La excepcionalidad que requieren estos procesos debe mantenerse dentro de los controles judiciales y en armonía con las garantías democráticas.
Lo que está en juego es la preservación de las condiciones para que la elección presidencial de 2026 sea libre, en igualdad de condiciones y confiable, bajo reglas de juego claras y respetadas por todos. Sin seguridad para las candidaturas, sin neutralidad institucional, sin respeto por los contrapesos y sin autoridad efectiva del Estado en los territorios, la democracia entra debilitada a la contienda.
Frente a este escenario, la Red Pro hace un llamado a rodear las instituciones, esclarecer de manera completa y oportuna los hechos que hoy generan alarma pública, corregir las decisiones que aumentan la incertidumbre democrática y garantizar que la campaña presidencial avance con seguridad, legalidad, neutralidad estatal y plenas garantías para el voto libre.
