Mientras avanza el proceso penal por su presunta vinculación al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los exministros del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión.
La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosa Baquero, encontró lugar a las evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación contra los exministros y decidió enviarlos a prisión.
Durante la audiencia, la magistrada descartó la detención domiciliaria al considerar que no era una medida adecuada para neutralizar los riesgos institucionales del caso. También tuvo en cuenta que otros investigados, como César Manrique y Carlos Ramón González, también exfuncionarios del gobierno Petro, se encuentran prófugos de la justicia, y concluyó que era necesario imponer una medida de mayor intensidad.
No obstamte las defensas de Bonilla y Velasco anunciaron que apelarán la decisión. La orden de captura se haría efectiva de manera inmediata. Bonilla, presente en la audiencia, quedaría detenido tras la diligencia judicial, mientras que Velasco, quien se encuentra en Cali, manifestó que se presentará voluntariamente ante las autoridades.
La magistrada consideró que existen elementos probatorios que indican que los exfuncionarios habrían ordenado el direccionamiento de contratos con el fin de beneficiar a congresistas, en el marco de un esquema investigado por la Fiscalía General de la Nación.
El proceso hace parte de las investigaciones por el desvío de recursos de la UNGRD, conocido en 2024 tras denuncias periodísticas sobre presuntos sobrecostos en la compra de camiones para el abastecimiento de agua en La Guajira. En el caso están involucrados exfuncionarios, congresistas y contratistas, luego de las declaraciones ante la Fiscalía de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con el ente acusador, los exministros habrían tenido un rol central en una estructura que utilizó recursos de la UNGRD para asegurar apoyos políticos a iniciativas del Gobierno en el Congreso, según Dataifx.
Según la Fiscalía, los contratos cuestionados provenían de 79 proyectos de la UNGRD y del Invías, por un valor superior a 163 millones de dólares. De ese total, solo siete habrían sido ejecutados. En la imputación se señaló que una asesora cercana a Bonilla gestionaba los contratos, mientras que Velasco intervenía para coordinar respaldos legislativos a las reformas del Ejecutivo.
Durante la imputación, la fiscal Patiño afirmó que los exfuncionarios «lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas a cambio de su aval en los actos legislativos en los que el Gobierno nacional tuviera interés», señala el medio digital.
Bonilla negó los señalamientos y afirmó que «nunca he tenido un peso de actividad ilícita». El exministro salió del Gobierno en diciembre de 2024, luego de que se conociera que tenía información sobre el desvío de cerca de 200.000 dólares en tres contratos. Entre tanto, Velasco dejó el cargo en junio del mismo año y tampoco aceptó los cargos imputados.
