La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, como apoderada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, radicó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el pasado 31 de julio, una denuncia penal contra el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento y calumnia.
Los hechos que motivan esta acción penal se derivan de una serie de manifestaciones públicas proferidas por el jefe de Estado los días 28 y 29 de julio de 2025 a través de su cuenta oficial en la red social “X”, con una audiencia de más de 8 millones de seguidores. En dichas publicaciones, el presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al Ex Presidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones.
Estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política de Uribe Vélez, sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político, dirigida a deslegitimar a un líder político de relevancia nacional y a quienes comparten su ideología, señala la firma de abogados.
Dicha conducta representa una clara violación de los límites constitucionales e internacionales a la libertad de expresión, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios de prohibición del discurso de odio y no discriminación política que rigen en el sistema internacional de derechos humanos.
La firma reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional, el Estado de Derecho y la dignidad de las personas públicas frente a campañas de descrédito y retaliación política.
Concluye señalando que “confiamos en que las autoridades competentes actuarán con imparcialidad, independencia y respeto al marco normativo, protegiendo no solo los derechos fundamentales del Dr. Uribe Vélez, sino también el equilibrio democrático de la Nación”.
