La Procuraduría General encendió las alarmas ante los riesgos que se podrían presentar por las posibles modificaciones al contrato de concesión de la primera línea del metro, que pretende modificar el trazado para construir un tramo subterráneo. 

Así se lo advirtió el ente de control a la Empresa Metro de Bogotá.

Para el Ministerio Público, los riesgos se verían representados en los impactos que se generarían por dichas modificaciones con mayores plazos en la ejecución del proyecto, incremento de precios en diseños y construcción, volatilidad del dólar, incertidumbre sobre la destinación del gran número de predios que ya fueron adquiridos y pagados para la construcción del metro elevado, posible detrimento patrimonial y vulneraciones al  principio de planeación contractual, y afectaciones a la movilidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá que reclaman prontas soluciones en el transporte público.

En atención a estos riesgos en la gestión contractual, el ente de control revisará los conceptos e informes en los que se plantea una modificación del objeto del contrato de concesión.