Tras el anuncio hecho por el Gobierno nacional sobre la suscripción de un convenio para el suministro de pasaportes entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, la Procuraduría General de la Nación reiteró su preocupación por los problemas que se puedan presentar en la continuidad de la prestación del servicio.

Advierte el Ministerio Público que no se conocen los estudios previos técnicos de dicho convenio, así como tampoco los demás documentos precontractuales, tal y como lo dicta la ley de contratación estatal. Contrario a lo anterior, se conocen unos estudios previos elaborados por el Ministerio de Relaciones Exteriores para contratar con el aliado público internacional. Sin embargo, el convenio indica que la contratación la realizará la Imprenta Nacional de Colombia.

Adicionalmente, la Procuraduría advierte que restan menos de doscientas noventa mil (290.000) libretas por entregar en el marco del contrato actual, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de agosto de 2025. Esta situación genera un alto riesgo de desabastecimiento, considerando que no se ha definido con claridad quién asumirá la prestación del servicio a partir del 1 de septiembre de 2025. 

Al ente de control le asaltan dudas con respecto a la posibilidad del actual contratista para prestar el servicio, pues se desconoce si ha sido notificado o consultado para suministrar pasaportes por medio de la urgencia manifiesta. Sumado a esto, se desconocen las razones y el acto administrativo por el cual se suscribe el convenio por la secretaria general (en encargo) y no por la ministra de Relaciones Exteriores.

Recuerda el ente de control que sobre la Imprenta Nacional ya pesan investigaciones por posibles irregularidades en la contratación para la fabricación de las cédulas de extranjería, situación en la cual también se acudió a un tercero internacional, gracias al régimen contractual de la Imprenta Nacional de Colombia.

Finalmente, el órgano de control reafirma que continuará con la vigilancia sobre este proceso y tomará las acciones correspondientes para que se garantice la prestación del servicio, la adecuada administración de los recursos públicos y la transparencia del proceso de contratación.