En ejercicio de su función preventiva y como parte del seguimiento institucional en curso, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, junto con la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, convocó la segunda mesa técnica preventiva para analizar el proyecto de decreto que el Gobierno Nacional adelanta, a través de la Unidad de Regulación Financiera (URF), en materia de inversiones de los fondos de pensiones.
Esta convocatoria da continuidad a una primera mesa técnica en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como sus posibles impactos económicos y sociales. La actuación del Ministerio Público se desarrolla en un espacio técnico, interinstitucional y no vinculante, sin intervención ni sustitución de competencias de las autoridades regulatorias.
Las Procuradurías Delegadas señalaron la necesidad de profundizar el análisis del proyecto normativo, considerando riesgos de mercado y de reinversión, posibles efectos sobre la duración, el rendimiento y la diversificación de los portafolios, la capacidad del mercado local para absorber los cambios y su impacto en la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional.
La segunda mesa técnica preventiva se realizará el martes 20 de enero de 2026, con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, actores del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos, con el objetivo de anticipar riesgos, fortalecer la transparencia regulatoria y promover la coordinación interinstitucional.
Este seguimiento preventivo se fundamenta, entre otras normas, en la Ley 100 de 1993, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 857 de 2011 y reafirma el compromiso de la Procuraduría General de la Nación con la protección del ahorro pensional y la confianza en el sistema.
Las órdenes de Petro
La exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, Mónica Higuera Garzón, habló con La FM de RCN, sobre la decisión del gobierno Petro de traer al país los recursos de los afiliados a los fondos de pensiones y lo que derivaría para los ciudadanos y las finanzas.
Higuera detalló cuáles fueron las advertencias que hizo en múltiples ocasiones al Gobierno y las razones por las que no es conveniente una repatriación de este ahorro, que afectaría, principalmente a los afiliados.
Mencionó la exfuncionaria que bajo la administración del ministro de hacienda, Germán Ávila, recibió una llamada a mediados de octubre en la que le manifestó que debía expedirse un decreto para mover los límites de inversión y atraer $125 billones en seis meses desde los portafolios de alto riesgo y riesgo moderado, a lo que ella manifestó su gran preocupación porque ese volumen, en ese plazo, era prácticamente imposible.
Las inversiones de las AFP están distribuidas en múltiples activos, plazos, monedas y regiones, y responden a estrategias de mediano y largo plazo diseñadas por equipos técnicos de inversión y riesgo. Traer esos recursos de forma abrupta implica desmontar estrategias de largo plazo, muchas veces en activos con baja liquidez o con penalidades por retiros anticipados, lo que genera riesgos directos para los afiliados, que son los verdaderos dueños del dinero.
Además, el mercado colombiano es poco líquido, tiene pocos emisores y las AFP ya tienen una alta exposición a deuda pública. “Todo esto lo advertí claramente, pero la instrucción del ministro fue que el decreto debía estar listo” porque era una instrucción del presidente Gustavo Petro y debía cumplirse.
Explicó Higuera que el mayor riesgo de trasladar esos recursos es la liquidez porque es como pretender consumir de inmediato toda la cava de un restaurante. El sistema no tiene la capacidad para absorber eso sin generar distorsiones graves.
Traer recursos invertidos a largo plazo, en activos ilíquidos y con compromisos contractuales, genera pérdidas, penalidades y presiones indebidas sobre el mercado local. Eso afecta directamente a los afiliados.
