El Proyecto de Ley 347 de 2026, recién presentado por el Gobierno y radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, representa uno de los retrocesos más graves que haya enfrentado el país en materia de innovación y movilidad, y una amenaza directa para el ecosistema digital y para las cientos de miles de familias que generan ingresos a través de plataformas de movilidad, advirtió Alianza In Colombia.

De ser aprobado, el proyecto podría significar el fin de dichas plataformas y del trabajo con vehículos particulares en Colombia acabando en la práctica con el derecho de millones de usuarios a movilizarse a través de estos servicios, y con la libertad de todos los ciudadanos de escoger en qué y cómo movilizarse, con seguridad, comodidad y eficiencia.

Aunque se presenta como un fortalecimiento de la supervisión, el proyecto impone un régimen sancionatorio de carácter punitivo y prohibitivo que lleva a que los servicios de movilidad con vehículos particulares pasen de la indefinición regulatoria a la ilegalidad explícita, pese a pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no solo han instado a avanzar en regulación, sino que han reconocido que en el uso de estas plataformas se materializa el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos.

La iniciativa convierte los servicios de movilidad con vehículo particular en actividades abiertamente ilegales y habilita un régimen de persecución que permite a las autoridades ordenar la suspensión inmediata de la operación, sin decisión administrativa o judicial de fondo; inmovilizar vehículos por hasta 120 días; y aplicar multas desproporcionadas, como sanciones de $4,7 millones por cada viaje, que recaen sobre usuarios y plataformas, o multas de hasta $2.179 millones cuando la ley no fija una sanción específica.

El proyecto incluso califica esta actividad como un riesgo para el orden público, ordena a la Policía priorizar su persecución, traslada responsabilidades sancionatorias a las propiedades horizontales que permitan o faciliten la oferta, el estacionamiento o la prestación de los servicios, con multas de hasta $726 millones, y establece una mordaza institucional que prohíbe a congresistas, funcionarios y autoridades de movilidad pronunciarse a favor de la actividad económica de estas plataformas. En conjunto, estas disposiciones hacen inviable la prestación y el uso del servicio, y afectan directamente a conductores, propietarios de vehículos y usuarios.

El alcance sancionatorio no se limita a quienes prestan o utilizan el servicio. El proyecto extiende la responsabilidad a propietarios de vehículos y a administradores de propiedad horizontal, convirtiendo a ciudadanos y terceros en agentes de control bajo amenaza de sanción.

El proyecto eleva de forma drástica el régimen sancionatorio, con multas desde 1.000 hasta 60.000 UVB (entre cerca de $10 millones y $726 millones) para propietarios y administradores de propiedad horizontal, ordena a los alcaldes desactivar físicamente puntos de recogida en hoteles y centros comerciales, y genera un veto de facto, al incentivar a administradores privados a restringir el acceso de vehículos de plataformas para evitar sanciones.

En cuanto a su efecto mordaza, el proyecto expone a congresistas y otros servidores públicos a investigaciones o sanciones por pronunciarse a favor del desarrollo de la actividad económica a través de plataformas, inhibiendo el debate democrático y el control político sobre una política pública de alto impacto social.

“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan. Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas, justo cuando el mundo avanza hacia regulaciones inteligentes y modernas”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia.

En Colombia, 1.283.577 cuentas de conductores generan ingresos a través de plataformas digitales de movilidad y existen 21.566.073 cuentas de usuarios que utilizan estas aplicaciones como alternativa cotidiana de movilidad. Esta realidad coincide con la Encuesta Polimétrica 2024 de Cifras y Conceptos, según la cual el 69 % de los colombianos apoya un mejor marco regulatorio para las plataformas de movilidad y los servicios que estas intermedian; el 77 % considera que las plataformas amplían las opciones de movilidad, y el 74 % reconoce que generan oportunidades de ingreso.

“Cuando se inmoviliza un vehículo por semanas o meses, no se aplica una sanción administrativa: se destruye el ingreso de una familia. Y cuando se imponen multas millonarias por cada viaje o se trasladan responsabilidades a ciudadanos y terceros, no se fortalece la supervisión: se construye un modelo de castigo que hace inviable la movilidad digital en el país”, agregó López.

Alianza In Colombia advirtió que el proyecto reduce opciones de movilidad, encarece el servicio, limita la libertad de elección de los usuarios y asesta un golpe estructural al ecosistema de innovación, al trasladar responsabilidades sancionatorias a terceros —incluidos administradores y aliados— y convertirlos en sujetos de castigo por permitir o facilitar un servicio que el propio proyecto pretende declarar ilegal, además de generar riesgos evidentes para derechos fundamentales como el trabajo, la movilidad, la propiedad y el debido proceso.

“El país necesita regulación moderna, diálogo y reglas claras. Las personas que usan su carro para transportarnos a través de las plataformas necesitan un gobierno que las escuche. Prohibir, sancionar y asfixiar económicamente una realidad que ya existe no la hará desaparecer. Aprobar este proyecto sería un retroceso histórico en innovación, oportunidades y movilidad”, concluyó Alianza In Colombia.

Alianza In Colombia hizo un llamado público al retiro del Proyecto de Ley 347 de 2026 y al avance de iniciativas que regulen la movilidad a través de plataformas con criterios de derechos, inclusión e innovación.