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5 de marzo de 2025Proyecto de resolución de Minambiente afectaría a 360 mil hogares de la sabana de Bogotá
El proyecto de resolución sobre lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá pone en vilo la oferta de vivienda nueva de la región. Usando la cartografía publicada con el proyecto de resolución, se identificó que con las nuevas áreas de humedales y de bosques que se establecen como lineamientos ambientales de ordenamiento territorial se afecta la construcción de 360.000 unidades de vivienda nueva, correspondiente con 60 planes parciales en 2.983 hectáreas de suelo urbanizable. De esas viviendas, el 65% serían de interés social.
“Esta resolución impacta de manera muy negativa la construcción de vivienda Bogotá y la Sabana, poniendo en riesgo la oferta de vivienda formal para más de 360.000 hogares bogotanos y de la región. Esto, desde luego, tendrá efectos muy negativos en materia de empleo y actividad económica, pero sobre todo congela un volumen de proyectos equivalente 6 años de producción de vivienda”, afirmó Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
Así mismo, el Gremio mencionó que este proyecto de acto administrativo nunca contó con los espacios de socialización ni de participación que permitieran conocer su alcance, cartografía y disposiciones legales; pese a dos derechos de petición elevados ante el Ministerio de Ambiente solicitando los estudios técnicos y mesas de trabajo correspondientes.
“Desde Camacol Bogotá y Cundinamarca hemos sido insistentes en la necesidad de contar con espacios de participación de este proyecto de resolución, y pese a las solicitudes, solo recibimos una comunicación oficial ayer para tener un espacio un día antes de vencerse el plazo para comentarios, lo cual es a todas luces insuficiente en inoportuno”, agregó el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.
Intervención de la procuraduría
Entre tanto, desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) expresaron su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a los más de 35 alcaldes municipales que se verían afectados con el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente. Por eso, tras la presentación del proyecto el gremio envió una comunicación a la Procuraduría General de la Nación solicitando la vigilancia del proceso. “Coincidimos en la importancia de que los procesos en los que se impacte el ordenamiento territorial se gestionen en el marco de la Constitución y la ley; las decisiones deben tomarse respetando competencias y el debido proceso, con la participación de todos los actores involucrados y con análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio”.
Reitera Camacol que apoyan la preservación del medio ambiente; la construcción sostenible y formal y por eso instaron al Gobierno nacional a que genere verdaderos espacios de diálogo que procuren un equilibrio entre el cuidado del ambiente y el crecimiento social y económico de los colombianos.
Camacol expresa su profunda preocupación por la Resolución del Ministerio de Ambiente que impone restricciones ambientales sin un proceso participativo, afectando gravemente el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de ciudadanos. “La decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. No solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible. Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Carlos Fernando Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos”, aseveró, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. De acuerdo al análisis realizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, el impacto de la resolución ambiental del Ministerio de Ambiente, pone en riesgo la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y la Sabana, al bloquear el desarrollo en 2.930 hectáreas, afectando directamente a miles de familias que buscan acceder a vivienda formal. La norma bloquea 60 planes parciales en casi 3.000 hectáreas de suelo urbanizable, impactando especialmente la Vivienda de Interés Social, que representa el 65% de estos proyectos.
Esta resolución ha sido un proceso unilateral del Gobierno Nacional que no ha cumplido con los requerimientos legales. No hubo participación ciudadana ni concertación con las autoridades locales.
El gremio exalta que las determinaciones ambientales deben garantizar la sostenibilidad sin vulnerar los derechos de la ciudadanía ni bloquear el desarrollo ordenado. Por ello, solicitamos el acompañamiento inmediato de la Procuraduría para salvaguardar los derechos de los bogotanos y cundinamarqueses, y garantizar la autonomía territorial en la planificación de la ciudad y la región
Lo que dice Galán
Por su parte, el alcalde de Bogotá, CarlosFernando Galán solicitó al Ministerio de Ambiente, que retire el proyecto de resolución. “Nosotros le solicitamos que retire este proyectode resolución y que se abra un proceso de diálogo en donde sí se tenga en cuenta de verdad a la ciudadanía”.
El mandatario también anunció que, de no hacerse el retiro, la Alcaldía de Bogotá tomará acciones judiciales para evitar que esta resolución siga su curso y afecte, según el alcalde, más de 15 proyectos en la capital del país.
Entre los proyectos estratégicos que podrían verse comprometidos están la primera y segunda línea del Metro de Bogotá, la ampliación de la Calle 13, el Regiotram de Occidente, la Avenida Suba-Cota y hasta el aeropuerto El Dorado. «Estamos hablando de infraestructura crítica para la ciudad, que quedaría en riesgo por una decisión inconsulta y sin el debido sustento técnico», alertó Galán.
Advirtió además que, de mantenerse esta postura, la Alcaldía recurrirá a instancias judiciales para defender la autonomía territorial y la institucionalidad de la ciudad.
“La ley, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional no son opcionales. Este gobierno parece no entenderlo, pero llevaremos el caso a donde sea necesario para proteger los derechos de los bogotanos y la autonomía de la ciudad”, concluyó.


