Gremios, economistas y congresistas se han pronunciado sobre el histórico aumento del salario mínimo para 2026 que se asemeja a lo que en su momento hizo el fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chavez y que llevó a la situación económica que hoy vive ese país.
Desde diferentes sectores se advierte de los riesgos que va a tener para la economía nacional dicho aumento que según el gobierno va a beneficiar a los más pobres, pero que en realidad se va a volver en contra de ellos.
A las voces de la Andi y Fenalco, que se pronunciaron desde el primer momento, se suman ahora otros como el Consejo Gremial Nacional que expresó su profundo rechazo a este incremento que se hizo sin sustento técnico y advirtió que “decisiones populistas ponen en riesgo la estabilidad laboral y fiscal del país”. Además, agrava un escenario de alta incertidumbre para la generación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Consejo Gremial resalta la importancia de fortalecedr el poder adquisitivo de los trabajadores, promover las condiciones para crear empleo formal y mejorar el bienestar de los hogares, por ello, considera que los ajustes al salario mínimo deben responder a criterios técnicos verificables, como productividad, inflación y capacidad real de pago de empresas y sector público.
Recuerdan que el Banco de la República ha sido enfáctivo en advertir que un incremento elevado del salario mínimo tendría un efecto directo en la inflación y las finanzas públicas. Además, un aumento injustificado tendría un impacto grande en las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media, como en el de ahorro individual y amplificaría el impacto el impacto en los bienes y servicios que deben ser indexados con base en este indicador, como es la vivienda de interés social, el transporte, laas tarifas, las multas, entre otros.
Sostiene que resulta irresponsable e incoherente que el gobierno nacional haya declarado una emergencia económica por un faltante de financiación del Presupuesto 2026 y a la vez decrete un incremento del salario mínimo que podría generar un impacto superior a los $9 billones en costos laborales y obligaciones asociadas, agravando la situación fiscal y afectando negativamente el futuro del mercado laboral.
Asobancaria también se prinunció e indicó que el salario mínimo cumple el rol de piso legal para los trabajadores formales. No obstante, cualquier incremento debe basarse en un análisis riguroso de la coyuntura laboral, productiva e inflacionaria, con el fin de contrarrestar efectos adversos sobre el empleo, la formalización y el bienestar de los hogares.
Recordó el gremio que en el último año, el número de personas que ganan menos de un salario mínimo aumentó en 1,2 millones, mientras que quienes reciben exactamente un mínimo disminuyeron en 1,3 millones. Esto evidencia un deterioro en la calidad del empleo y un retroceso en la formalización.
En este contexto es relevante mencionar que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación y la productividad tiene un impacto directo sobre el comportamiento de los precios. Según cálculos de Asobancaria, por cada punto porcentual de incremento del salario mínimo que supere los criterios técnicos, la inflación puede aumentar en promedio entre 10 y 16 puntos básicos (pbs).
Así, con un incremento del 22,7% en la base del salario mínimo para 2026, se estima que el impacto obre la inflación estaría entre 165 y 263 pbs. Esto limita de manera significativa el margen de acción del Banco de la República y abre la posibilidad de subidas en la tasa de política monetaria durante el primer semestre del año.
Lo anterior se traduciría en condiciones de financiamiento más restrictivas para hogares y empresas, afectando decisiones clave como la inversión en educación, el emprendimiento y la adquisición de vivienda. En este sentido, el alza del salario mínimo también incide indirectamente sobre el acceso al crédito y el dinamismo económico.
Aumentos excesivos como el decidido por Gobierno nacional elevan los costos laborales, reducen la capacidad de contratación de las empresas y fomentan la informalidad. Lejos de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores más vulnerables, estos incrementos terminan excluyendo a una mayor proporción de la población del empleo formal.
Otro de los sectores que se verá gravemente afectado por el aumento del salario mínimo es el de la construcción. Al respecto Camacol manifestó su profunda preocupación frente al incremento decretado de manera unilateral por el gobierno nacional, “una decisión que carece de sustento técnico suficiente, rompe el principio de concertación social y genera riesgos significativos para el empleo formal, la estabilidad de los precios y la asequibilidad de la vivienda en Colombia”.
En el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, el impacto es inmediato. El incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de la construcción, tanto por el mayor valor de la mano de obra como por sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados. De acuerdo con estimaciones preliminares de Camacol, este choque de costos podría generar un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción, presión que, inevitablemente, termina trasladándose al precio final de la vivienda, en un momento en el que el país requiere medidas que faciliten y no restrinjan el acceso de los hogares a una vivienda formal.
Adicionalmente, dado que el precio de la Vivienda de Interés Social está definido en salarios mínimos, este ajuste eleva automáticamente los precios máximos de la VIS, deteriorando su asequibilidad y expulsando del mercado a miles de hogares, en particular familias independientes, informales o con ingresos variables. De manera preliminar, el gremio estima que el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse al 10%, afectando directamente a los segmentos que estas políticas dicen que buscan proteger.
También Asopartes se pronunció indicando su preocupación frente al porcentaje de aumento y consideró que la decisión genera presiones adicionales sobre los costos operativos de un sector altamente intensivo en mano de obra y conformado, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comercialización, distribución y servicios de mantenimiento de vehículos y motocicletas.
El gremio reconoce la importancia de mejorar el ingreso de los trabajadores, sin embargo, dichos incrementos deben guardar coherencia con la productividad, el comportamiento de la economía y la capacidad real de las empresas para absorber mayores costos sin afectar el empleo ni trasladar presiones a los precios finales.
Por su parte, el presidente de Asobares, Camilo Ospina, señaló en La W que eso significa “un golpe más” para su sector. “Venimos del aumento de la jornada con recargos nocturnos y saldrá el decreto de emergencia económica que incrementará los precios para los licores, vinos y aperitivos”, afirmó.
A su vez, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, citado por el diario La República, señaló que el Gobierno, en vez de solo encasillarse y pensar en los “2,4 millones de colombianos que son los que ganan el mínimo” tendría que enfocarse mejor, en aquellos que 11,3 millones que reciben menos de este valor. En cuanto a factores técnicos, Bedoya aseguró que, aunque propusieron alternativas de incremento antes en la mesa de concertación salarial, no se les tuvo en cuenta.
Entre tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, José Ignacio López, advirtió que el aumento de una cifra de más de 20% agravará el principal problema del mercado laboral en el país como es la informalidad.
“Muchas empresas optarán por automatizar o reducir contratación; las más pequeñas, por irse a la informalidad”, sostuvo López.
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) manifestó su preocupación frente al incremento del salario mínimo para 2026, una medida que, si bien busca proteger el ingreso de los trabajadores, tendrá efectos significativos sobre la sostenibilidad del sector hotelero, uno de los más intensivos en mano de obra del país, pero a su vez generará inflación y con ello en últimas perderán capacidad de consumo que alguien pretendiera argumentaría este incremento desproporcionado, ello encarecerá el precio de la canasta básica y por supuesto muchos productos que se demandan los servicios que ofrece el alojamiento y hospedaje.
De acuerdo con el gremio, un aumento superior al 23 % impacta de manera directa la estructura de costos de las empresas del sector, en el que cerca del 70 % de los trabajadores pertenecen al componente operativo. Esta realidad se suma a los ajustes que ya han venido enfrentando los hoteles por cuenta de la reducción de la jornada laboral, el incremento en los recargos dominicales y festivos, y la ampliación del horario nocturno.
“El sector hotelero opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, y viene asumiendo de manera progresiva una serie de incrementos que hoy ponen en una situación muy compleja a muchas empresas del país. Este aumento del salario mínimo representa una presión adicional significativa sobre una estructura de costos que ya está altamente exigida”, señaló José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco.
Otra de las voces que se levantó frente al aumento desmedido del salario mínimo fue el de la presidenta de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, quien sostuvo que el salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario, proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. Por lo que un incremento de 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo. “Desde AmCham preocupa que, con esta decisión, en la práctica se esté cambiando la forma de definir el salario mínimo”.
