La Federación Colombiana de Gestión Humana – ACRIP hizo un llamado al Gobierno nacional y la Mesa de Concertación Laboral,  para que tenga en cuenta importantes variables coyunturales y estructurales del mercado laboral del país en el aumento del salario mínimo para el 2023, y si es del caso, se consideren alternativas  para mejorar las condiciones de los trabajadores de menor ingreso, que no tengan tanto impacto en los índices de formalización, desempleo, inflación, y acceso a seguridad social como sí lo tiene el salario mínimo legal.

Según explicó la Federación a través de un comunicado, el IPC (a noviembre de 12.53%) más el índice de productividad (acordado en 1.24%), deben ser la única base para el reajuste del salario mínimo, teniendo en cuenta el históricamente alto valor de la inflación de este año, y que el año pasado ya se hizo un aumento histórico de casi 5 puntos por encima de la inflación en beneficio de la capacidad económica de quienes lo devengan.

Desde el Comité Técnico de la Federación, compuesto por algunos de los más reconocidos abogados laboralistas, líderes de gestión humana, y asesores económicos, “cualquier aumento en el salario mínimo mayor al propuesto, puede tener no solo efectos inflacionarios adicionales, impulsando al Banco de la República a aumentar más la tasa de interés y eventualmente a una mayor recesión, sino además puede afectar significativamente los ya nefastos índices de informalidad (cercana al 60%) y desempleo, al ser este el piso de entrada a la formalidad, y no considerarse aún en la legislación laboral, la realidad asimétrica de las capacidades económicas en el país, particularmente entre la gran empresa y  las Mipymes,  y entre el sector urbano y el rural. Muchas variables, entre ellas el acceso a seguridad social y el costo de diversos productos y servicios, están indexados al valor del salario mínimo, y por ende, se debe considerar el impacto de su aumento más allá del beneficio de ingreso a los trabajadores formales que ya lo devengan, sino en la viabilidad de generación y sostenimiento de empleo formal por las pequeñas empresas del país, que son la mayoría”.

Así mismo, la Federación, que agremia a gerentes de gestión humana en todo el país, propone que, si se quieren buscar mayores mejoras a los ingresos de los trabajadores de menor remuneración, manteniendo el equilibrio entre trabajadores formales, informales, la generación de empleo y su sostenibilidad, se busquen mecanismos alternos que no incidan en estas bases de liquidación, tales como podría ser un mayor incremento en el subsidio de transporte,  y así no se complique aún  más la viabilidad de brindar empleo formal por parte de un empresariado aún en recuperación de la pandemia, ni se produzcan efectos inflacionarios adicionales.

“En este sentido, además adherimos a la propuesta, aún por concretarse, del Ministerio de Hacienda, de desindexar del salario mínimo gran cantidad de productos y servicios. Y además planteamos la necesidad de, en miras a la próxima reforma laboral, empezar a discutir importantes ajustes como desligar el acceso regular a la seguridad social de tener un empleo formal, y de considerar las asimetrías del mercado según tamaño, región, e industria, entre otros, en el rediseño de la regulación laboral, incluyendo el valor del salario mínimo, para poder mejorar los indicadores de informalidad y protección”, añadió el comunicado emitido por ACRIP.

En relación con la sostenibilidad empresarial y preservación de las fuentes de empleo de los colombianos, la Federación advierte, también, que la inflación al productor resultó más acentuada que la del consumidor, siendo más del doble la primera, al ubicarse en un 25,52%. Es decir, los empleadores ya se están viendo afectados en mayor proporción por este fenómeno inflacionario, lo que pone en riesgo muchas fuentes de empleo, especialmente en las Mipymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial colombiano, siendo la fuente de más del 95% de los empleos del país. “Un reajuste por encima del propuesto generará mayor desempleo e informalidad, al afectar en mayor proporción a estos pequeños empleadores que son infortunadamente los más vulnerables del mercado laboral. Debemos pensar en este segmento prioritariamente”, afirmó el Comité de ACRIP.