La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – Andesco, luego de identificar aspectos jurídicos, regulatorios, económicos y procedimentales que, a juicio del gremio, requieren una revisión de fondo, presentó ante el Gobierno Nacional una solicitud de revocatoria directa a la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026 que define el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo.
La solicitud se concentra en cuatro asuntos centrales: las inconsistencias identificadas en el proceso de participación ciudadana; la incorporación en la regulación definitiva de disposiciones nuevas que no habrían sido sometidas previamente a conocimiento y discusión de los actores de la cadena; los efectos retroactivos sobre la norma del cálculo de la actividad de aprovechamiento para organizaciones de recicladores y usuarios que no hacen parte del ámbito de este marco tarifario; y la necesidad de revisar el cumplimiento de los criterios que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, deben orientar cualquier decisión tarifaria.
Irregularidades y omisiones en el proceso de participación ciudadana:
Para Andesco, la participación ciudadana constituye una garantía esencial del proceso regulatorio, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional, no puede entenderse únicamente como el cumplimiento formal de etapas de publicación, socialización y recepción de comentarios. La efectividad de la participación exige que los agentes regulados puedan conocer oportunamente las propuestas, evaluar sus impactos, formular observaciones y contar con trazabilidad suficiente sobre la manera en que sus argumentos técnicos, jurídicos, económicos y operativos fueron analizados antes de adoptar la decisión definitiva.
En este sentido, preocupa al sector la existencia de diferencias entre los contenidos sometidos a participación y la resolución adoptada que incluye más del 50% de disposiciones nuevas, así como la necesidad de contar con mayor claridad respecto del tratamiento dado a las observaciones presentadas durante el proceso.
El Marco tarifario debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley:
Desde el gremio se plantea además la necesidad de revisar el nuevo marco frente a los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994, entre ellos eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
Una metodología tarifaria debe promover eficiencias reales, y al mismo tiempo reconocer los costos eficientes necesarios para garantizar continuidad, calidad y sostenibilidad en la prestación.
En particular, el gremio considera necesario revisar los impactos de las nuevas disposiciones sobre la suficiencia financiera del servicio y determinar si la metodología adoptada garantiza condiciones adecuadas para cubrir los costos eficientes de operación, las obligaciones laborales y ambientales y las inversiones requeridas para la adecuada prestación del servicio.
Al mismo tiempo, los criterios de simplicidad y transparencia demandan metodologías comprensibles, verificables y suficientemente claras para prestadores, autoridades y usuarios.
“Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. La participación ciudadana debe ser efectiva; las disposiciones que generan impactos sustanciales deben ser conocidas y discutidas antes de su adopción; las nuevas reglas no deben producir efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas; y toda decisión tarifaria debe cumplir integralmente los criterios establecidos por la ley. Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”, manifestó Camilo Sánchez, presidente del gremio.
Andesco reitera su disposición para mantener un diálogo técnico y constructivo con el Gobierno Nacional y las autoridades regulatorias. El gremio considera que la revisión solicitada constituye una oportunidad para fortalecer la regulación, recuperar la confianza de los agentes y garantizar un marco tarifario técnicamente sólido, jurídicamente seguro y financieramente sostenible para el servicio público de aseo en Colombia.
