Los productores de arroz del país denuncian los reiterados incumplimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y del Gobierno Nacional, tras los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo y Concertación realizada en marzo de este año.
En los últimos meses, el sector ha sufrido una caída injustificada en los precios de compra. La carga de arroz pasó de $230.000 a $185.000, y hoy se ubica en apenas $170.000. No existe una política de estabilización de precios y, peor aún, no se evidencia intención del Gobierno para apoyar a los agricultores, justo cuando se aproxima la cosecha más importante del año.
Actualmente, los arroceros están registrando pérdidas aproximadas de $2.500.000 a $2.800.000 por hectárea cosechada, lo que está llevando a la quiebra a pequeños y medianos productores, poniendo en riesgo su estabilidad económica y la continuidad de su actividad.
Esta crisis no es nueva. La rentabilidad del cultivo se ha venido deteriorando de forma progresiva, afectando el bienestar de miles de familias que dependen de esta actividad en más de 210 municipios del país.
“La industria molinera, amparada en prácticas abusivas de mercado, está llevando a la quiebra al productor colombiano, mientras el contrabando y las importaciones siguen creciendo sin ningún tipo de control”, advirtieron voceros de los arroceros.
A esta problemática se suma la actuación de nuevos comercializadores que han entrado al mercado sin regulación ni control de precios, afectando aún más al productor nacional.
Por todo lo anterior, los productores convocan a un paro nacional como mecanismo legítimo para ser escuchados, luego de meses de ser ignorados por el Gobierno. Aunque el gremio ha demostrado voluntad de diálogo, no participará en nuevas mesas mientras no estén presente Presidencia de la República, ministra de Agricultura, ministro de Comercio, Industria y Turismo, superintendente de Industria y Comercio y representantes de la industria molinera
Las exigencias del gremio son claras:
• Precios justos para el arroz nacional
• Regulación efectiva de la producción y comercialización
• Protección del único cultivo semestral estratégico del país
• Revisión de los TLC que afectan la producción nacional
• Cumplimiento inmediato de los acuerdos del paro de marzo
Es importante señalar que, a la fecha, no existe ninguna negociación con el Gobierno Nacional. Hasta el jueves 10 de julio se definirá la comisión oficial que representará a los agricultores y productores de arroz.
El campesino colombiano debe ser una prioridad real del Estado. Se requieren soluciones inmediatas, sin dilaciones, sin promesas vacías y sin mesas con funcionarios que no tengan poder de decisión.
Gobierno reconoce la crisis
El Gobierno nacional reconoció que el sector arrocero colombiano enfrenta una grave crisis, justo cuando inicia la cosecha más importante del año. Así lo confirmaron este lunes la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales; y el jefe del gabinete, Alfredo Saade, tras una reunión en la que se evaluaron las dificultades del gremio.
Según explicó la ministra Carvajalino, los productores arroceros están recibiendo pagos considerablemente bajos por el arroz verde, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de sus cultivos. Además, el mercado nacional enfrenta un exceso de oferta y niveles elevados de inventario que han agravado la situación.
«El Gobierno nacional ha encontrado que debe tomar medidas urgentes en este inicio de la cosecha más importante del año. Esperamos tres millones de toneladas de arroz y hemos encontrado que en este primer proceso los precios que se pagan a los productores por el arroz verde han bajado más de lo que esperábamos. Tenemos un inventario muy alto de arroz en el país; sin embargo, hemos reducido las importaciones, el consumo interno se ha mantenido. Por lo tanto, estamos estudiando las distorsiones que tiene el mercado de arroz en el país y las medidas legales para poder regular el precio en el mercado», aseguró la ministra Carvajalino.
El Gobierno indicó que, además de las estrategias para intervenir en la regulación de precios, se mantendrán los programas de alivio para la adquisición de insumos agropecuarios y las líneas de crédito para apoyar al sector rural. La ministra Carvajalino enfatizó que estos apoyos buscan garantizar que la cosecha se comercialice a precios justos y que los productores puedan sostenerse económicamente.
En los próximos días se espera que continúen las mesas de trabajo entre el Gobierno y los gremios arroceros para definir las acciones inmediatas que permitan proteger a los productores, evitar conflictos sociales y garantizar el abastecimiento del grano en el país.
