Luego que Standard & Poor’s (S&P) rebajara la calificación de Colombia a largo plazo en moneda extranjera de ‘BB’ a ‘BB-‘, con perspectiva estable, los representantes de Fenalco y la Andi se pronunciaron.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que era previsible. La decisión de S&P Global Ratings de bajar la calificación crediticia soberana de Colombia es consecuencia de la errada gestión de un gobierno que decidió darle la espalda a la técnica y al rigor de la evidencia económica para sustituirlos por la improvisación, el desprecio por la institucionalidad y los dogmas de ideologías fracasadas.
Un mayor riesgo país implica una mayor prima exigida por los mercados y, por tanto, un financiamiento más costoso. La terquedad y los errores de política encarecen el crédito del país, presionan las finanzas públicas y trasladan una carga creciente a todos los colombianos.
A esto se suman los escándalos de corrupción y un creciente apetito por más impuestos que terminan diluyéndose en corrupción, burocracia y despilfarro, mientras ciudadanos y empresas tienen que escoger entre cumplirle al gobierno o dejar de ahorrar, invertir y gastar.
El 7 de agosto debe marcar el inicio de la reconstrucción ética y económica del país, para recuperar la confianza y la seguridad jurídica que permitan poner la economía al servicio de los ciudadanos y no de las ideologías.
Entre tanto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló también su preocupación y manifestó que esta decisión refleja la forma como se manejado las finanzas públicas en Colombia durante los últimos años.
Este ajuste de la calificación no es un hecho aislado, sino consecuencia directa de un manejo fiscal que ha llevado a un crecimiento significativo del presupuesto nacional cercano al 50% en términos nominales. A pesar del gran aumento en impuesto, ha sido financiado en una muy buena parte con un endeudamiento del Gobierno Nacional.
La deuda pública ha registrado un incremento sustancial: pasó de un saldo de un poco más de 800 billones de pesos al inicio del actual gobierno a cerca de 1.300 billones de pesos en la actualidad. Los mercados internacionales nos siguen prestando, hasta ahora, pero hoy Colombia enfrenta una de las tasas de interés más altas de América Latina y del mundo.
Por esta razón, cerca de tres de cada 100 pesos del presupuesto se destinan exclusivamente al pago de intereses. La acumulación de esta deuda no la tendrá que pagar el actual gobierno sino que traslada una carga significativa para los próximos gobiernos, pero sobre todo la tendrá que pagar Colombia y los ciudadanos que tienen mayor dependencia de las políticas estatales sociales.
En este contexto, la Andi hizo un llamado urgente a las autoridades económicas para que, en los meses restantes para que culmine este gobierno, se eviten decisiones que profundicen el desequilibrio fiscal.
La sostenibilidad fiscal es una condición indispensable para el crecimiento económico, la generación de empleo y la protección de los más vulnerables, concluyó.
