El proyecto de reforma pensional puede y debe mejorarse para proteger el ahorro, la propiedad de la plata y la libertad de elegir de los colombianos

Desde hace 15 años Asofondos ha insistido en la necesidad de una reforma al sistema de protección de la vejez para adaptarlo a la dramática transición demográfica, para que millones más tengan una pensión o un ingreso en su etapa de vejez, para eliminar la inequidad del régimen público, y para hacer financieramente sostenible en el tiempo este régimen.

El gobierno de Gustavo Petro ha presentado un proyecto de reforma que ha sido aprobado en una primera instancia en la Comisión séptima del Senado, un proyecto de ley que tiene elementos que el gremio considera positivos y otros que no resuelven los problemas planteados y requieren modificación en los debates subsiguientes.

Dentro de los 94 artículos aprobados en esta primera fase del trámite del proyecto, se destacan como aspectos positivos:

1. Formaliza y amplía el pilar solidario.

2. Integra en un solo sistema los dos regímenes existentes, pero necesita ajustes adicionales.

3. Limita los subsidios a las pensiones altas (aunque no los elimina).

4. Hay un enfoque de género, que permitirá avanzar en subsanar la discriminación del sistema hacia las mujeres.

Sin embargo, el gremio identifica algunos aspectos de fondo que están en riesgo y sobre los que “llamamos la atención para que en las siguientes etapas de discusión en el Congreso sean analizados ampliamente y de forma objetiva, pues este proyecto es trascendental para todos. Consideramos que existe un riesgo para los derechos que los trabajadores tienen hoy día, se puedan ver afectados en la etapa de vejez”, aseguró Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.

En peligro estos derechos y beneficios:

Primero, la propiedad del ahorro: al dividir el pilar contributivo en dos y obligar a que las cotizaciones correspondientes a los 3 primeros salarios mínimos vayan a Colpensiones, lleva a que la porción de la cotización correspondiente a esos salarios deje de ser propiedad individual. El 90% de los trabajadores, de forma inmediata, quedará sin esta propiedad de su flujo de ahorro.

Segundo, la libertad de elección: el artículo 18 obliga a que estos primeros 3 salarios mínimos solamente puedan ser administrados por Colpensiones, y solo quienes estén por encima de esos 3 salarios, que es la minoría de la población, podrán elegir.

“La libertad de elección es muy valorada por los colombianos, pues actualmente se permite que todos elijamos qué entidad administre nuestro ahorro y ofrezca las mejores rentabilidades”, asegura el dirigente gremial, basado en la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), que dice que el 78% de los encuestados prefiere tener la libertad de decidir en qué fondo de pensiones estar (público (Colpensiones) o privado).

Tercero, la heredabilidad: los trabajadores ya no podrán heredar sus ahorros, es decir, no podrán elegir la modalidad de pensión en la que el saldo de su cuenta quede como herencia a sus hijos mayores de edad u otros familiares hasta quinto grado de consanguinidad.

Cuarto, pensión antes de la edad de jubilación: se elimina la posibilidad que hoy tienen los trabajadores de pensionarse antes de cumplir la edad de pensión si cuentan con el capital suficiente. Esta opción, que hoy es un derecho, es cada vez más apreciada por las nuevas generaciones.

Quinto, golpe al ahorro: el proyecto golpea la generación de ahorro previsional y, como consecuencia, el ahorro macroeconómico del país. Por efecto del artículo 24, “estimamos que solo una quinta parte de las contribuciones serán ahorradas y el resto se irá al fondo común a pagar las pensiones de quienes ya están pensionados en Colpensiones”, afirma Montenegro.

El fondo común propuesto, por ser un sistema de reparto, no es sostenible en el tiempo debido a la drástica transición demográfica que vive el país. Mientras que los países en el mundo fortalecen el ahorro, en Colombia nos movemos en la dirección contraria. El ahorro acumulado, hoy en unos $372 billones, equivalente a un 25% del PIB, caerá a 10% hacia 2050. Además, como consecuencia del menor ahorro y de los subsidios remanentes, aumentará el pasivo pensional con serias consecuencias fiscales.

Qué propone Asofondos:

Asofondos reconoce que Colombia necesita una reforma pensional, que ha propuesto desde hace años. “No olvidemos que las consecuencias una reforma de este tipo perdurarán por décadas, razón para que hagamos una buena reforma para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vendrán después”, afirma Montenegro. Por eso, le propone al Gobierno y al Congreso las siguientes consideraciones:

Uno, que el ahorro sea un principio fundamental. “Por la transición demográfica y por el envejecimiento de la población, insistimos en que el pilar contributivo debe ser fundamentalmente de ahorro, administrado por entes privados y públicos”.

Dos, ajustar el pilar semicontributivo. Teniendo en cuenta que 3 de cada 4 colombianos no se pensiona, y la mayoría de ellos no recibirá el subsidio solidario, estos trabajadores recibirán un pilar Semicontributivo. “Pero, como quedó el proyecto, un trabajador que cotizó sobre un salario mínimo recibirá solo unos 90 mil pesos mensuales, mientras que con una AFP recibiría 202 mil pesos”. Esto debe revisarse.

Tres, eliminar subsidios a los trabajadores con ingresos altos. Con la reforma todas las pensiones que se liquiden sobre más de 3 salarios mínimos reciben un subsidio cercano a los $400 millones. Estos subsidios no se deben otorgar a los ingresos altos y, por eso, cuanto menor sea el umbral, menor será el subsidio. Con un sistema basado fundamentalmente en el ahorro el subsidio para los ingresos altos desaparece.

En este sentido, es de tener en cuenta las repercusiones que esta decisión tiene, pues a más alto el umbral, mayor será el costo fiscal y, por ende, mayor será la deuda futura. Varios expertos, como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y Fedesarrollo coinciden en este punto.

Cuarto, debe primar la libertad de elegir. Creemos que los colombianos deben poder elegir quién le administra su ahorro, y que cada afiliado debe tener siempre una cuenta con este ahorro a su nombre. Esto, independientemente de cómo se liquide la pensión cuando llegue a la edad de ley.

“Queremos llamar la atención sobre una realidad ineludible: los sistemas de reparto o de prima media son insostenibles. Cada vez hay menos trabajadores activos por cada adulto mayor, lo que lleva, inevitablemente, a reducir los beneficios pensionales para las nuevas generaciones”.

También llamó la atención sobre el fondo de ahorro público, que no tiene un blindaje de protección en el articulado. La historia de los fondos públicos es que pueden ser desahorrados fácilmente, poniendo en riesgo la financiación de todas las pensiones. Esa ha sido la historia del Fonpet, del FNA y de cualquier fondo público. Finalmente, preocupa el aspecto operativo, toda vez que “transitar hacia el nuevo sistema impone retos tecnológicos mayúsculos, especialmente para Colpensiones. Consideramos que esto puede tomar más tiempo del que se tiene previsto”, planteó Montenegro.