El Consejo de Estado reaccionó ante el discurso incendiario del presidente de la república Gustavo Petro, quien no aceptó la decisión de dicho tribunal respecto al traslado de recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, en la actual época electoral.
El mandatario quería los $25 billones que inicialmente planteaba y después de un primer fallo, buscaba tener en su poder $5 billones que ahora tampoco obtendrá porque así lo dice la misma ley que él impulsó en el Congreso.
“Las palabras expresadas por el Presidente de la República, Gustavo Petro, en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos”, indicó el alto tribunal.
El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes.
Inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar.
La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden.
Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos.
El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca.
