El 4 de mayo es la fecha límite para pagar la segunda cuota del impuesto sobre la riqueza para personas jurídicas (Decreto 173 de 2026), lo que pone a Colombia al borde de un estancamiento empresarial. ¡La urgencia es real! Muchas empresas se enfrentan a una presión de liquidez que no puede esperar.
Ante esta realidad, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial propuso suspender temporalmente los efectos del Decreto 173 mientras se toma una decisión sustantiva.
Recordó la dirigente que la Corte Constitucional ha defendido las instituciones y su papel ha sido clave en el momento actual. Y hoy tiene una responsabilidad fundamental: contribuir a garantizar que el daño no sea irreversible. Colombia no puede normalizar la excepción ni poner en riesgo su aparato productivo.
El Decreto 173 de 2026 fue emitido en el contexto de una emergencia económica y establece un impuesto que grava sobre los activos y no sobre los beneficios corporativos, obligando a las empresas a endeudarse, recortar inversiones o comprometer sus operaciones.
Hoy vemos una tendencia preocupante: se declaran emergencias sin respaldo suficiente, se anuncian como un mecanismo de presión y se utilizan para imponer decisiones económicas y sociales de alto impacto, con graves consecuencias para todos los colombianos.
El Decreto 173 de 2026 es el mejor ejemplo de ese desbordamiento. No grava los beneficios ni los ingresos: grava los activos, es decir, el capital productivo de las empresas. Esto significa pagar por lo que uno tiene y no por lo que se gana, sin importar la capacidad real de pago. Es una carga directa sobre el dinero de las empresas.
Cuando los activos se penalizan, la inversión se estanca, el crecimiento se pospone y los empleos se ponen en riesgo. Esto no es ideología: es una realidad económica. Aún más grave, podrían iniciarse acciones contra empresas que no hayan podido pagar, incluso cuando hayan recurrido a los tribunales. El riesgo deja de ser individual y se vuelve sistémico.
Todo esto ocurre en medio de una menor confianza y una rebaja en la calificación crediticia del país por parte de agencias de calificación como Standard & Poor’s. Persistir en este camino solo agrava el problema.
El déficit fiscal no se corrige con atajos en el sector productivo, sino con disciplina. En 2025, el déficit del Presupuesto General de la Nación alcanzó el 6,4% del PIB y el déficit primario el 3,5% del PIB, niveles que, según Corficolombiana, son comparables a crisis como la de finales del siglo pasado y la pandemia, pero esta vez sin un choque macroeconómico que las explique.
Entre 2022 y 2025, el gasto en primarias creció 2,7 puntos porcentuales del PIB mientras que los ingresos se mantuvieron sin cambios. El problema no es de ingresos: es de gasto, y un ejemplo con cifras oficiales es la creación de 40.533 nuevos puestos públicos y la adjudicación de 6.834 nuevos contratos de prestación de servicios al Gobierno, y no en nueva inversión pública.
