La Contraloría General de la República emitió hoy una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda sobre el manejo de la deuda pública por parte del Gobierno Nacional, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, al identificar que el incremento acelerado del endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre gastos e ingresos están comprometiendo el equilibrio fiscal del país.
Durante el foro “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó un análisis del panorama económico y fiscal del país, destacando alertas sobre la programación financiera, la ejecución del gasto, la contratación pública y las obligaciones acumuladas en sectores estratégicos.
La advertencia se sustenta, entre otros elementos, en el comportamiento reciente del financiamiento público. Las tasas de los TES B de corto plazo alcanzaron 13,69% y las de largo plazo en pesos llegaron a 14,03%, mientras que las operaciones de canje de 2025 y 2026 han implicado la entrega de títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, reflejando un deterioro en las condiciones financieras de la deuda.
La Contraloría advirtió además que la presión sobre las finanzas públicas ya se refleja en múltiples sectores estratégicos, entre los cuales sobresalen algunos por la magnitud de sus obligaciones y su impacto sobre la sostenibilidad fiscal. En salud, las EPS acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024, mientras que en medicamentos las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de $2,8 billones en 2024 a $3,8 billones en 2025. En energía, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a cerca de $3,8 billones, en un contexto que se vuelve más delicado ante el Fenómeno del Niño previsto para el segundo semestre de 2026. En contingencias judiciales, el Estado registra $17 billones en obligaciones por fallos ejecutoriados, de los cuales $14,9 billones son exigibles en menos de un año, lo que incrementa la presión inmediata sobre la caja pública. Y en víctimas, el Estado ha reparado a 1,9 millones de personas por $15 billones, pero aún tiene pendientes 7,8 millones de víctimas, lo que implica obligaciones estimadas en $133 billones entre indemnizaciones colectivas e individuales.
Frente a este panorama, la Contraloría presentó una hoja de ruta fiscal centrada en cinco ejes: depurar cuentas y reconocer los pasivos acumulados, fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto, cerrar las brechas de ejecución presupuestal y preservar la disciplina fiscal.
“El primer acto de gobierno no debe ser anunciar nuevas promesas. Debe ser presentar el plan de recuperación económica que el país necesita. Este nuevo ciclo de gobierno será recordado no por la magnitud de sus anuncios, sino por la solidez de sus decisiones”, concluyó el Contralor General.
