Una de las grandes apuestas del Gobierno Nacional es la reforma laboral. Este documento, del cual se conoce solo el borrador, sigue generando inquietudes porque, si bien tiene un enfoque de estabilidad para los trabajadores, aún no demarca una ruta clara para promover la creación de empleo y reducir la informalidad.

Para entender el alcance de esta reforma y su impacto, es importante tener en cuenta las dos aristas: la del empleador y la del empleado. En ese sentido, Iván Vegas Molina, socio líder de Legal de BDO en Colombia, hace un análisis de lo planteado en el documento.

Como está planteada por el gobierno, ¿la reforma laboral le apunta a reducir la informalidad que persiste en Colombia?

Preocupa que la reforma, como se conoce hoy, no esté enfocada en ver cómo traemos a ese casi 50% de personas que están en la informalidad a opciones formales y, de esa manera, generar unas mejores condiciones de empleo. Por el contrario, el proyecto está enfocado en los trabajadores que ya están dentro del sistema.

En el documento borrador de la reforma vemos un camino para establecer nuevamente algunos derechos, prerrogativas y garantías laborales que existían de tiempo atrás en el Código Sustantivo del Trabajo, previo a las reformas que se tramitaron en el 2003 e incluso algunas otras de carácter nuevo encaminadas a lo mismo. Consideramos que, en ese sentido, la ley colombiana ya es bastante garantista.

¿Cuáles son esos derechos y garantías laborales que se van a retomar?

Principalmente, volver al escenario de los recargos nocturnos desde las seis de la tarde y no desde las nueve de la noche; aumentar el recargo dominical y festivo al 100% y no al 75%, etcétera. Digamos que esto genera unas prerrogativas mejores sobre el papel para los trabajadores formales pero encarece el costo de crear puestos de trabajo en un momento de incertidumbre económica mundial y que tenemos un escenario inflacionario importante. Aunado a lo anterior, hay factores que históricamente son preocupantes en cuanto a la productividad y lo que puede ocurrir con estas medidas es que las empresas establezcan parámetros para que menos empleados produzcan más para la compañía.

Consideramos que se deben buscar alternativas -desde la política pública y desde la reforma- que permitan reducir el alto porcentaje de desempleo y de trabajadores informales.

Desde la perspectiva de consultor en negocios. ¿Qué mensaje le envía a las empresas con relación a la propuesta de reducir la jornada laboral?

La reducción de la jornada laboral puede ser un tema interesante. Existen diferentes discusiones alrededor de de esa política y, al final, vemos que esta iniciativa permite mejorar la productividad.

La respuesta no es única y no es absoluta en términos de que pueda ser favorable o desfavorable. Habría que medir su impacto de acuerdo al sector y al servicio o producto que la empresa desarrolla. Lo ideal es que cada organización tenga una política adecuada para manejar de manera idónea esa reducción de la jornada laboral y que esta decisión sea un gana-gana entre el bienestar de los trabajadores y la productividad.

Con lo planteado en la reforma, ¿se crearán nuevos tipos de contrato?

La reforma no plantea unos tipos de contratos distintos a los existentes en materia laboral.

El documento establece que el contrato individual a término indefinido tiene que ser la regla general y, por tanto, es aplicable para todos los casos. Le da un margen mucho menor al que existe en la ley para otros tipos de contrato, como es por ejemplo el de término fijo o por obra o labor.

Hoy un contrato a término fijo se puede manejar a un año o puede ser menor a tres. El planteamiento de la reforma establece que esto no podrá ocurrir. Lo mismo pasa con otros tipos de modalidades que parecieran, digamos, entrar en desuso. El hecho de que no hayan varios tipos de contratos reduce las posibilidades de ejercicio de algunas actividades económicas específicas.

En cuanto a la estabilidad laboral, la reforma establece algunos mecanismos que también parecieran ser un poco complejos, en la medida en que se dan protecciones especiales en circunstancias como, por ejemplo, el estado pensional o algunas circunstancias familiares que cualquier trabajador pueda tener para que se les cree una estabilidad reforzada especial que impida el despido sin justa causa. Eso, en términos generales, puede generar algún grado de preocupación porque impediría a las empresas tomar decisiones que son necesarias en el flujo normal de la economía y de los negocios.

En un entorno de cambios, el acompañamiento de firmas de consultoría o de servicios profesionales ayudar a que los empresarios estén más preparados a la hora de tomar decisiones. BDO en Colombia ya asesora a organizaciones que se están preparando para adaptar esta y otras reformas a su negocio, mitigando los efectos que no estaban previstos.