La Cámara Colombiana de Productores de Acero y la Cámara Fedemetal de la ANDI reciben positivamente la expedición del decreto arancelario 0264, dado que se trata de una medida necesaria para evitar que la industria colombiana se vea afectada por prácticas desleales de comercio, de las cuales ha sido víctima durante los últimos años y que han sido implementadas por productores internacionales que han buscado aprovecharse del mercado colombiano para liquidar existencias de excedentes de inventario, sin tener en cuenta la producción nacional, que con grandes esfuerzos se ha tratado de construir en Colombia.
La medida fue solicitada ante el Gobierno Nacional desde hace varios meses y se alinea completamente con todos los principios de libre competencia, al corregir las distorsiones introducidas por agentes que han aprovechado de manera indebida el mercado colombiano.
“Es una buena noticia que se haya emitido este decreto sin duda, alguna, un apoyo fundamental contra las prácticas de dumping y desviación de comercio. Es justo reconocer cuando se toman medidas en favor de la industria, y esta es una de ellas. Se trata de medidas completamente necesarias en este momento, de lo contrario, la industria nacional no tiene cómo enfrentar la avalancha de productos que se envían en condiciones de violación de las normas de comercio”, comenta Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
Los datos de la OMC muestran que el acero es el bien sobre el que más medidas de defensa comercial se aplican en el mundo. La ANDI precisó que las distorsiones que motivan este tipo de decisiones se explican por la sobrecapacidad global, los subsidios externos y prácticas de competencia desleal, factores que han impulsado un aumento de investigaciones y medidas correctivas en distintos mercados, no solo en Colombia.
La medida adoptada, en el país, se entiende como parte de una tendencia ampliamente documentada; según cifras de ALACERO, entre 2010 y 2023 se han aplicado mundialmente 737 medidas de defensa comercial (618 medidas antidumping, 85 medidas compensatorias y 34 salvaguardias) sobre productos siderúrgicos y metalmecánicos, lo que evidencia que la defensa comercial es una herramienta legítima cuando existen distorsiones.
Finalmente, la ANDI reiteró que la industria seguirá trabajando como lo ha hecho con medidas similares aplicadas anteriormente, entregando productos de los más altos estándares de calidad a los sectores de construcción e industria a los que venimos abasteciendo por décadas. La industria seguirá promoviendo encadenamientos productivos sólidos, profundizando su aporte a la economía circular y aprovechando su capacidad para garantizar un abastecimiento confiable y competitivo que impulse el crecimiento del ecosistema industrial colombiano.
Camacol disiente
Por su parte, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que los recientes aranceles a insumos como hierro, acero y productos cerámicos generarán una presión directa al alza en los precios de la vivienda, afectando el acceso de los hogares y profundizando la desaceleración del sector edificador.
El hierro y el acero, que representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, enfrentarán incrementos hasta del 35% que elevarían estos costos en alrededor de 3,9% y presionarían al alza el precio final de la vivienda en aproximadamente 2,2%, a lo que se suma el efecto adicional de los aranceles sobre productos cerámicos. “¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?”, una pregunta que, según Guillermo Herrera, presidente de Camacol no admite evasivas en medio de la discusión actual sobre el proyecto de decreto de reducción de los topes de precio de la VIS.
Esta decisión se da en un contexto de contracción prolongada del sector edificador. “Ya completamos 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y hemos llegado a niveles de actividad comparables a los de 2012, lo que afecta la inversión y el empleo”, afirmó Herrera. En este escenario, el sector ha perdido más de 136 mil
empleos y enfrenta incrementos acumulados en sus costos de construcción entre el 16% y el 20%, derivados de factores como el aumento del salario mínimo y decisiones arancelarias previas.
Contrario a lo planteado por el Gobierno, estas decisiones sí tienen efectos sobre el mercado de vivienda. El encarecimiento de insumos se traduce inevitablemente en mayores precios para los hogares o en una reducción de la oferta formal, en un contexto donde la demanda sigue creciendo.
Esta presión sobre los precios se produce además en un entorno macroeconómico en el que la inflación en vivienda ya muestra señales de aumento, particularmente en arriendos, debido a la menor producción de vivienda formal como lo ha señalado recientemente el Banco de la República. Medidas que encarecen la oferta terminan trasladándose al mercado, profundizando el desbalance entre oferta y demanda y afectando la estabilidad de precios.
El impacto también es crítico en materia de empleo, no solo por los 136 mil trabajadores del sector vivienda que se encuentran desempleados. La medida comercial busca proteger cerca de 50 mil empleos en la industria siderúrgica, desconociendo que la actividad edificadora ocupa a más de 1 millón de trabajadores de manera directa.
Seguir encareciendo la producción de vivienda pone en riesgo la recuperación del empleo en uno de los sectores más afectados en la economía, y que genera trabajo masivo y encadenamientos en todo el país.
Adicionalmente, esta decisión evidencia una falta de coherencia en la política económica. Las medidas arancelarias no pueden analizarse de manera aislada, sino en su relación con la política monetaria, la política de vivienda y los objetivos de control e inflación. En este caso, se adopta una medida que presiona al alza los precios en un momento en el que el país requiere estabilidad y reducción en los costos de acceso a vivienda.
El país enfrenta un déficit habitacional cercano a 2,5 millones de hogares urbanos y deberá atender la formación de aproximadamente 4 millones adicionales en la próxima década. En este contexto, restringir la capacidad de producción de vivienda formal no solo limita el acceso, sino que incentiva la informalidad y agrava los problemas urbanos.
Camacol reitera que no existe evidencia de prácticas irregulares en los precios del acero importado que justifiquen este tipo de intervención. Las dinámicas responden a condiciones internacionales de oferta y demanda, y no a distorsiones que afecten de manera comprobada a la industria nacional, como ya lo había señalado la Comunidad Andina en un caso similar.
El gremio también advierte que, aunque la medida se presenta como focalizada, sus efectos se transmiten a toda la cadena productiva de la construcción, impactando directamente a los hogares y a sectores clave de la economía.
Camacol hace un llamado al Gobierno Nacional para revisar integralmente esta decisión y su consistencia con los objetivos de política de vivienda, reactivación económica y generación de empleo. El gremio evalúa acciones jurídicas y reitera la necesidad de decisiones coordinadas que no trasladen mayores presiones a los precios
de la vivienda ni al empleo.
En un contexto en el que la formación de hogares supera la capacidad de producción de vivienda formal, el país requiere más oferta, más inversión y más empleo, no decisiones que encarezcan su desarrollo.
