En Colombia, cualquier ciudadano puede solicitar información a una entidad pública, reclamar la protección de un derecho o exigir una respuesta por parte de las autoridades sin necesidad de contratar un abogado.
Aunque estos mecanismos existen desde hace décadas, muchas personas desconocen cuándo utilizarlos, cómo presentarlos o qué hacer cuando sus derechos son vulnerados.
Para Sebastián Donoso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, “el derecho de petición y la acción de tutela hacen parte de las principales herramientas de participación y protección ciudadana establecidas por la Constitución Política. Comprender su funcionamiento no solo permite ejercer mejor los derechos, sino también entender cómo opera el Estado y cuál es el papel del Derecho en la construcción de una sociedad más justa”.
Precisamente, este tipo de conocimientos hacen parte de la formación que reciben los futuros abogados, quienes se preparan para interpretar la ley, resolver conflictos y acompañar a las personas en la defensa de sus derechos.
El derecho de petición: una herramienta para ejercer derechos
El derecho de petición es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Permite que cualquier persona presente solicitudes respetuosas ante entidades públicas y, en determinados casos, también ante organizaciones privadas.
Su objetivo puede ser solicitar información, pedir documentos, formular consultas, presentar quejas, reclamos o requerimientos relacionados con un asunto específico.
Según Sebastián Donoso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, “una de sus principales fortalezas es que cualquier ciudadano puede ejercerlo”.
Por lo que es importante aclarar que este recurso es:
Es completamente gratuito.
No requiere abogado.
Puede presentarse de forma verbal, escrita o mediante medios electrónicos.
Obliga a la entidad competente a emitir una respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.
Para facilitar el trámite, es recomendable identificar claramente la entidad destinataria, explicar de manera concreta la solicitud, incluir los datos de contacto del solicitante y, cuando sea posible, fundamentar la petición con base en la Constitución y la Ley 1755 de 2015.
Los plazos para responder un derecho de petición
Los tiempos de respuesta dependen del tipo de solicitud presentada. En términos generales, la normativa colombiana establece diferentes plazos para responder solicitudes de documentos, consultas, peticiones generales, quejas y reclamos.
“Si la información presentada resulta insuficiente o la solicitud requiere aclaraciones, la entidad podrá pedir que sea complementada antes de emitir una respuesta definitiva”, precisó Sebastián Donoso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia.
Conocer estos procedimientos permite ejercer los derechos de manera más efectiva y hacer seguimiento adecuado a cada trámite.
La acción de tutela como mecanismo de protección
Cuando una persona considera que una autoridad o, en algunos casos, un particular está vulnerando uno de sus derechos fundamentales, existe otro mecanismo constitucional: la acción de tutela.
Consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela busca brindar una protección inmediata cuando derechos como la vida, la salud, la educación, la dignidad humana o el debido proceso se encuentran amenazados o vulnerados.
Sebastián Donoso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, explica que “la tutela es un mecanismo preferente, sumario e informal que protege derechos fundamentales como la salud, la educación, la vida y la dignidad humana”.
Al igual que el derecho de petición, este mecanismo puede ser presentado sin necesidad de abogado y su trámite se desarrolla de manera expedita ante cualquier juez competente.
El derecho no se limita al estudio de leyes o códigos. También implica comprender cómo estas herramientas impactan la vida cotidiana de las personas y garantizan el acceso efectivo a la justicia.
Mecanismos como el derecho de petición y la acción de tutela evidencian que el conocimiento jurídico tiene una aplicación práctica permanente, tanto para quienes ejercen la profesión como para cualquier ciudadano.
Por ello, la formación jurídica actual busca desarrollar profesionales capaces de interpretar la normatividad, analizar problemas sociales y proponer soluciones con fundamento constitucional.
